Cuando la naciente República veía los resplandores iniciales, en las zonas rurales de la península de Azuero abundaban los relatos de personas que después de asesinar a sus semejantes, huían y se refugiaban en lo más recóndito de las montañas, donde nunca los alcanzaba la mano de la justicia.
En su afán por escapar de la policía, el fugitivo permanecía por años y en ocasiones toda la vida escondido, llegando a morir de viejo sin saldar su deuda con las autoridades.
Por aquellos tiempos, la persecución la hacían policías a caballo o a pie. Esto explica la facilitad con que los evasores burlaban con frecuencia la ley.
Hoy, en pleno siglo veintiuno, cuando se han inventado los laboratorios de criminología, la detección de huellas dactilares, la aplicación del láser en las investigaciones y abunda una extensa legislación penal, la prensa nacional nos informa que 52 condenados por homicidio andaban sueltos y han vuelto a ser puesto al amparo de las autoridades.
En la lista de recapturados habían acusados de robo a mano armada, violadores y traficantes de droga. �Dónde se escondía semejante lastre social? Supongo que todos estaban denunciados por sus delitos: �Qué hacían los tribunales y la policía? �Es tan difícil localizar a un sujeto de estos, después de haber sido encartado o fichado?, �No señala la ley penas para el que oculta a un evasor de la justicia en su casa o en su propiedad?
El gran problema de la justicia en Panamá no es la falta de recursos, un pretexto al que siempre se echa mano cuando la comunidad protesta ante la inseguridad ciudadana. A la justicia, desde las corregidurías, pasando por los estamentos policiales, hasta escalar los altos tribunales, la asfixia la corrupción, la mora judicial y la burocracia.
Un delincuente en soltura es una bulla y un insulto a los afectados y a la comunidad entera que ve con ojos impávidos cómo los infractores de la ley ingresan a la cárcel por una puerta, y en un abrir y cerrar de ojos salen por la obra, reídos de oreja a oreja.
