EDITORIAL
Poder judicial en la crítica y el reclamo
Las peripecias del Caso
Boutin, publicitado ampliamente por los medios de comunicación se
convirtieron en una novela apasionante que divide las opiniones ciudadanas,
entre quienes catalogan al abogado Vice-Decano de Derecho, como cifra de
maleanterismo y criminalidad, y los que lo definen como profesional ágil,
astuto en las lides tribunalícias que en la mecánica de sus
conocimientos, realiza operaciones dirigidas a defender a sus poderdantes.
La realización de juicio amarillo donde se reclaman fingidos honorarios
impagos mediante letra forjada constituye una infracción que requiere
atacarse civilmente y así detener los traspasos de los bienes a adquirientes
de buena fe; nulidad que no se alcanza cuando se prefiere los vericuetos
procesales del régimen penal, con la pretención de desmontar
los pasos mercantiles realizados por el abogado Boutin.
Es práctica repetida en la vida jurídica panameña
encaminar sus quehaceres hacia el Ministerio Público, para a través
de la fortaleza punitiva, resolver conflictos de deudas, acuerdos, adelantos,
préstamos y acciones civilistas, lo cual convierte a los funcionarios
de instrucción en soportes de intereses mercantiles subalternos,
cubiertos por la acción de punición.
Ahora, la decisión de una petición de amparo personal,
o Habeas Corpus, a favor del denunciado Boutin, en la cual los Magistrados
puntualizan criterios en torno a la adopción de medidas cautelares,
previniendo la libertad personal, para restringirla en el extremo procesal,
levanta protestas de personeros de cúspide en labores asesoras presidenciales,
y parlamentarias en la Asamblea Legislativa, aflorando estas censuras alguna
oculta realidad, un escondido interés que pudiera envolver a personajes
de primera línea gubernamental.
La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público son constantemente
blancos de censuras y reclamos; y el enjuiciamiento forzado de uno de sus
integrantes, unido a la demora exagerada en resolver consulta constitucional,
sirven de trasfondo a la pérdida de estimas, las suspicacias y el
recelo que manifiesta la colectividad ciudadana.
Los clamores generalizados de personas cercanas a las labores de instrucción
y juzgamiento; las dificultades voceadas que impiden alcanzar soluciones
rápidas en el acumulado inventario de causas irresolutas, son referencias
para atender con sereno ánimo y las mejores actitudes, con miras
rectificadoras, las lagunas legales, los obstáculos procesales, los
impedimentos de funcionarios, las prácticas de obsolescencia y estulticia,
y agilizar los afanes juzgadores y de investigación, por los cuales
clama el pueblo.
Los reclamos éticos; los juzgamientos contra los desvíos
de torpeza y mala fe, deben asentar en las causas que envuelven abogados
descarriados, censurando sus equívocos y condenando al rechazo sus
conductas indebidas.
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| AYER GRAFICO |
| Hay que preservar de la ruina los muelles del Mercado Público. |
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