Recientes hechos de sangre relacionados a las pandillas y al narcotráfico, al mismo tiempo que fugas masivas en los centros penitenciarios, ponen en tela de duda lo efectivo de la estrategia que está adoptado la actual administración para combatir la delincuencia.
Los delincuentes organizados parecen haberse radicalizado desde el cambio de administración y la implementación del nuevo plan de seguridad, de mano del Director de la Policía, Gustavo Pérez.
La situación insignia de esta crisis de seguridad es la que se vive en el barrio de El Chorrillo. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre bandas como Bagdad y La Cantera han dejado varios heridos, principalmente en la azotada Calle 27. Aquí, no hay operativo que valga.
El colmo ha sido la fuga de 12 reos del Pabellón 11 en la Cárcel La Joyita. El dato más grave de todo el escape no lo constituye el número de reos evadidos, ni que estos cortaron los barrotes y la cerca perimetral, sino que estos devolvieron el fuego a los custodios que intentaron detenerlos.
Esto significa que uno o más de los reos en fuga tenían en su poder armas de fuego, en un abierto desafío a la política de "disparar a los que se fugan" decretada oralmente por el Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.
Todo apunta a que para poder ser exitosos en la lucha contra el crimen organizado, hay que limpiar primero la casa. El hecho de que se haya permitido una nueva fuga de reos, y encima armados, demuestra que hasta que no se purgue a nuestras instituciones de la corrupción, los ciudadanos honestos estaremos del lado perdedor.