En cada operativo antidroga que realiza la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sale un número de conductores de autobuses positivos en el consumo de cocaína y marihuana.
Sin duda que esos transportistas son irresponsables y criminales en potencia. Conducir un autobús repleto de pasajeros bajo los efectos de narcóticos, es algo que no tiene nombre.
La medida de la ATTT de suspenderle por seis meses la licencia a esos transportistas debería ser más radical y lo indicado es prohibir de por vida que esos sujetos puedan estar al frente de un timón.
El control de esa situación es una responsabilidad primaria del dueño del autobús y de los dirigentes de las diversas piqueras, que no deben entregar un vehículo del transporte público a un adicto a la cocaína o lo marihuana.
El Estado también debe prevenir que esos sujetos captados en las pruebas antidoping salten a otras piqueras, cuando son expulsados de otra al ser detectada su adicción.
Si bien es cierto que toda persona tiene el derecho a rehabilitarse, el asignar el control de un medio de transporte masivo de pasajeros a una persona con antecedentes de adicción, no puede ser tomado a la ligera y en todo caso de permitirse, se debe mantener un control semanal de ese sujeto, para evitar una tragedia.
Panamá tiene un número creciente de víctimas fatales por accidentes de tránsito y permitir que conductores drogados circulen por nuestra calles, es fomentar más luto en los hogares del país.