Lo que debiera discutirse en la democracia no es una participación de los gobernados en la toma de decisiones, misma que está en la esencia del sistema. La democracia siempre será un proyecto. Esta, la participación, condiciona que entre gobernantes y gobernados se plantee una constante contradicción. El primero, el gobernante, en un sistema donde lo ético se subordina, considera que la elección actúa como patente de Corso que sostiene el privilegio de actuar en función de su discreción cuando no de sus intereses particulares.
La participación no se limita al sufragio, a la simple acción del elector que actúa una vez cada cinco años. Si no que requiere transitar e imbricarse con la vida ciudadana. Pero, �cómo hacerlo, cuando los lógicos mecanismos de participación, los partidos políticos, restringen su acción a los períodos electorales y cuando éstos terminan gobernados por cúpulas y pierden arraigo? Los ciudadanos han buscado los grupos de presión y los medios de comunicación para dar cabida a sus reclamos. Las organizaciones de la sociedad civil, aunque todavía son insipientes, transitan como grupos de presión que vigilan y tensionan con los gobiernos, sin aspirar al poder.
La poca consideración de criterios éticos, la restricción de las decisiones a pequeños grupos, hacen que no pocos panameños vean con desconfianza la participación política. La mayoría admitimos que los partidos están en una crisis de representatividad. Sin embargo, a pesar del cuestionamiento ciudadano a la actividad, hemos dejado algo tan importante como la conducción del Estado en manos de unos políticos y su partidocracia que asumen el monopolio de la actividad pública. Como consecuencia vemos que cada día aumentan las prebendas que expanden su poder y se otorgan mayores subsidios.
Democracia exige conjugar el verbo participar en todos sus tiempos, números y personas. La participación convierte al ciudadano en protagonista, más allá de lo político, y lo hace objeto y sujeto de lo social y económico. El sufragio es apenas una de las formas en que el ciudadano decide sobre la conducción del Estado.
