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"Reforma judicial"
"En un contexto democrático, sólo
a través de la institucionalización del Poder Judicial y el
Ministerio Público se logra someter a los criminales y reducir la
delincuencia"
Carlos Guevara Mann
La semana pasada se me quedaron
por fuera algunas ideas para el plan de gobierno de la Unión por
Panamá, cuya revisión coordina el Dr. Mario Galindo, por encargo
de doña Mireya Moscoso, Presidenta del Partido Arnulfista y candidata
a la Presidencia de la República.
Estas ideas tienen que ver con la necesaria reforma del Estado, sin la
cual no vamos a alcanzar el desarrollo nacional que tanto anhelamos.
Lo primero que hay que hacer en cuanto a este punto es convocar una Constituyente
y dictar una nueva Constitución, democrática y moderna, tema
que se trató aquí el jueves 26 de noviembre.
Pero, para ser efectiva, la reforma del Estado también debe abarcar
los aspectos judicial, administrativo y burocrático.
Hoy abordaremos el aspecto judicial, y posteriormente los restantes.
La delincuencia es un problema que afecta grandemente a la sociedad.
En un contexto democrático, sólo a través de la institucionalización
del Poder Judicial y el Ministerio Público se logra someter a los
criminales y reducir la delincuencia.
La Unión por Panamá debe comprometerse a combatir la delincuencia,
una vez llegue al gobierno, a través de métodos civilizados
y democráticos - propios del estado de derecho - que, sin pisotear
los derechos de la ciudadanía (especialmente de los ciudadanos más
humildes y sin influencias) logren reducir, significativamente, los altos
niveles de criminalidad que padecemos.
Como el principio de separación de poderes impide al Ejecutivo
y al Legislativo intervenir en asuntos judiciales, puede celebrarse un acuerdo,
promovido por el Ejecutivo, entre los tres poderes del Estado y el Ministerio
Público, que consista en lo siguiente:
El Ejecutivo y el Legislativo se comprometen a respetar la independencia
del Poder Judicial y el Ministerio Público y a destinar, como mínimo,
el 2% de los ingresos corrientes del gobierno central al presupuesto del
Poder Judicial y el Ministerio Público, como lo manda la Constitución
vigente (Art. 211).
A cambio del compromiso del Poder Judicial y el Ministerio Público
de agilizar los procesos, nombrar mejor y más calificado personal,
depurar el manejo interno, y profesionalizar y hacer más eficientes
y transparentes sus servicios, los poderes Ejecutivo y Legislativo podrían
comprometerse a aumentar, en años posteriores, el presupuesto del
Poder Judicial y el Ministerio Público, más allá del
2% ordenado por la Constitución.
Para vigilar el cumplimiento de este compromiso podría crearse
una comisión honoraria, sin cargo al Tesoro Nacional, constituida
por representantes del Estado y la sociedad civil.
Los Códigos Nacionales no cumplen con su razón de ser,
que es de servir de parámetros para la recta, democrática,
eficiente y transparente administración de justicia.
Los órganos del Estado y la sociedad civil deben colaborar en
el diseño y aprobación de reformas urgentes y amplias a los
Códigos Nacionales, con el fin de transformar a éstos en instrumentos
de justicia, seguridad ciudadana e institucionalidad democrática.
Debe revisarse, integralmente, el sistema de justicia administrativa
basado en las corregidurías, que es altamente defectuoso, arbitrario
e ineficiente.
El Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está la administración
del sistema penitenciario, debe comprometerse a su exhaustiva reforma.
Para ello deben destinarse los recursos necesarios y solicitar la ayuda
de organismos internacionales especializados.
La reforma carcelaria debe aspirar a transformar el sistema penitenciario
- cuyo estado actual es una vergüenza para Panamá como miembro
de la comunidad internacional - en un sistema que, efectivamente, rehabilite
al reo - como lo manda el artículo 28 de la Constitución vigente
- de forma tal que no reincida en el crimen y se logren reducir los niveles
de delincuencia.
Atención prioritaria debe recibir, también, la justicia
de menores, cuyo catastrófico estado requiere la intervención
urgente del gobierno y la sociedad civil.
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