Sacyr se apuntó los sobrecostes del Canal de Panamá como ingresos

Los inversores castigaron este jueves el anuncio de que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encabezado por Sacyr con un 48%, ha dado un preaviso para  paralizar las obras de ampliación del canal  que está realizando si en 21 días Panamá no atiende sus reclamaciones o llega a un acuerdo.

Las acciones de Sacyr llegaron a caer un 18,7%, aunque al final cerraron la sesión con un descenso del 8,95%. La posible paralización de las obras supone un golpe de imagen para el grupo constructor, implica el riesgo de demandas y de pérdida de la fianza presentada por el consorcio y, además, arroja enormes dudas sobre la posibilidad de culminar el megaproyecto con un margen de rentabilidad.
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El grupo constructor cifró en una comunicación a la CNMV en 1.625 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) las reclamaciones que el consorcio ha ido presentando ante la ACP. “GUPC ha presentado fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ante las diversas autoridades competentes, incluida la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)”, señaló el grupo en un hecho relevante este jueves.

Sacyr, sin embargo, había perdido la semana pasada la ocasión de comunicar al mercado la existencia de problemas. En su revisión de las cuentas de 2012 y de los tres primeros trimestres de 2013, la CNMV lanzó un requerimiento de explicaciones a Sacyr, como hace con muchas otras compañías cotizadas. En uno de los puntos pedía explicaciones sobre el consorcio del canal. Sacyr remitió su respuesta el 23 de diciembre como si no hubiera ningún problema.

El supervisor pidió a Sacyr que indicase el importe de las reclamaciones que se incluyeron como ingresos de GUPC en las cuentas de 2012 y que justificase su reconocimiento. La empresa contestó que había contabilizado como ingresos 665 millones de dólares (unos 485 millones de euros) al cierre de 2012. Y lo justificaba en que “se estimaba probable que el cliente aceptará las reclamaciones registradas” y en que “además el importe de las mismas ha sido valorado con suficiente fiabilidad por un experto independiente”. Y subrayaba además que la firma KPMG había emitido un informe de auditoría favorable sobre las cuentas de 2012 de GUPC.

La empresa, sin embargo, eludía confesar que en realidad “el cliente”, esto es, la Autoridad del Canal de Panamá, no estaba reconociendo esas partidas. Fuentes de la compañía alegan que esa falta de explicaciones no se debía a un ánimo de ocultación, sino a que la petición de explicaciones de la CNMV iba referida al ejercicio 2012, en que aún no se habían puesto de manifiesto esos problemas.

La CNMV, sin embargo, también pedía explicaciones en presente sobre la reclamación para obtener una bonificación por la entrega adelantada de la obra o sobre “en qué medida” podría el consorcio “ser penalizado por el retraso en la finalización”. Pese a que el consorcio ya ha reconocido que no se cumplirá el calendario previsto, Sacyr contestó que las obras relativas a la construcción del tercer juego de esclusas “se están ejecutando dentro de los plazos establecidos” y que el consorcio no considera “penalización alguna por retraso”. En este caso, fuentes de la empresa justifican la aparente contradicción entre lo declarado y la realidad en que Sacyr ha presentado también reclamaciones relativas a los plazos y que espera que le den la razón en ellas con lo que no procedería ninguna penalización.

Fuentes cercanas al grupo español insisten en que las reclamaciones están sólidamente fundadas y en que no temen que acabe siendo una mediación o un arbitraje el que dirima finalmente su procedencia. Pero consideran que en tanto se resuelven los litigios, no tienen ninguna obligación de correr con la financiación del extracoste.

Fuentes cercanas al consorcio señalan que la exigencia de 1.600 millones de sobrecostes es una propuesta de máximos. Aunque consideran fundadas todas sus reclamaciones, admiten que los mediadores y árbitros podrían no darles la razón en todas ellas y se muestran dispuestos a negociar un punto intermedio que sirva para desbloquear los trabajos.