Fichaje con olor a delito
La justicia española dijo que ve indicios de delito en el fichaje de Neymar por el Barcelona y requirió al jugador, la Fifa, el Santos de Brasil
La justicia española dijo que ve indicios de delito en el fichaje de Neymar por el Barcelona y requirió al jugador, la Fifa, el Santos de Brasil y el club catalán todos los informes de su contratación.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz abrió una investigación judicial formal sobre la denuncia presentada por un socio del Barça contra su presidente Sandro Rosell.
Ruz exigió a la Fifa y el Santos –club de origen del futbolista– toda la memoria económica del traspaso de Neymar que obre en su poder. También pidió al Barça los contratos que justifiquen sendas cláusulas de 23 millones de dólares recogidas en el fichaje.
Finalmente, el magistrado requirió a Neymar el contrato que firmó con la sociedad N&N (Neymar y Neymar), que la justicia cree pertenece al padre del jugador y que gestiona parte de sus derechos de imagen.
El juez cree que los documentos de esta sociedad apuntan a “una simulación contractual presuntamente llevada a cabo entre los firmantes de los acuerdos”. En su momento, el Barcelona cifró en 74 millones de dólares el coste de la operación. Y admitió que el dinero se repartió entre el Santos y las empresas DIS, TEISA y N&N. Con todas se acordaron cláusulas de confidencialidad para no revelar las cantidades pagadas a cada una.
Pero según el denunciante, el socio Jordi Cases, el precio real del traspaso rozó los 128.8 millones dólares por jugosas comisiones repartidas entre las partes.
En ese sentido, Ruz consideró en su escrito que Rosell pudo cometer un delito de apropiación indebida por “distracción”. Es decir, que los contratos firmados entre Neymar y el Barcelona “no responden a lo indicado en los mismos”. Este tipo de delito, penado con entre uno y seis años de cárcel, no acusa al implicado de quedarse con parte de ese dinero ilegalmente, sino que castiga una administración desleal.