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Arrestan exgobernadores de Río de Janeiro acusados de corrupción

Los dos exgobernadores eran investigados desde hacía varios meses en otro proceso por compra de votos y Anthony Garotinho llegó a ser detenido en dos oportunidades.

Policías brasileños vigilan una protestas frente a la Asamblea de Río de Janeiro (Brasil), donde los legisladores debatían el pasado viernes sobre el futuro del presidente de la institución y varios diputados, encarcelados por corrupción. EFE

Por: Río de Janeiro / EFE -

Dos exgobernadores de Río de Janeiro, el exdiputado, pastor evangélico y locutor radial Anthony Garotinho y su esposa Rosinha Garotinho, fueron arrestados hoy por orden de un juez electoral que los investiga en un proceso por corrupción, informaron fuentes oficiales.

Los exgobernadores, actualmente vinculados al conservador Partido de la República (PR), fueron detenidos en sus residencias, él en Río de Janeiro y ella en Campos, ciudad en el litoral norte del estado de Río de Janeiro, por agentes de la Policía Federal que también cumplieron otras órdenes de arresto en ese mismo municipio.

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La pareja está acusada de liderar una organización criminal que recaudó recursos de forma ilícita, incluso mediante extorsiones a empresarios, para financiar sus campañas políticas y las de sus aliados en las elecciones legislativas y regionales de 2010 y 2014 y en las municipales de 2012 y 2016.

Entre los otros seis acusados de integrar la red de corrupción figura Fabio Bastos, que fue secretario regional de Gobierno en la administración de Rosinha Garotinho.

Los dos exgobernadores eran investigados desde hacía varios meses en otro proceso por compra de votos y Anthony Garotinho llegó a ser detenido en dos oportunidades, pero las pruebas definitivas para el nuevo caso fueron obtenidas en agosto pasado mediante la confesión hecha por el entonces director de Relaciones Institucionales del gigante cárnico JBS, Ricardo Saud.

El ejecutivo, que aceptó colaborar con diferentes investigaciones sobre corrupción en Brasil a cambio de reducciones de sus posibles condenas, confesó que la multinacional aportó ilegalmente 2,6 millones de reales (unos 812.500 dólares) para financiar la campaña con la que Garotinho intentó volver a la gobernación de Río de Janeiro en 2014.

Según Saud, tales recursos formaban parte de los 20 millones de reales (unos 6,25 millones de dólares) que JBS aceptó darle al PR de forma ilegal para financiar sus campañas electorales en 2014.

Anthony Garotinho, que gobernó Río de Janeiro entre 1999 y 2002, y su esposa, que ejerció el mismo mandato entre 2003 y 2007 y fue alcaldesa de Campos en los últimos ocho años hasta enero pasado, fueron acusados de los delitos de corrupción pasiva, extorsión, lavado de dinero y violaciones a la legislación electoral.

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En la petición que hizo para que la Justicia ordenase la detención, la Fiscalía afirmó que la organización criminal comandada por la pareja continúa en actividad e intenta intimidar a testigos y obstruir las investigaciones.

Anthony Garotinho ya había sido arrestado en noviembre del año pasado bajo la acusación de compra de votos y provocó una polémica debido a que intentó resistirse a la policía y se negó a abandonar el hospital en que supuestamente recibía un tratamiento. Dos días después de su detención, fue liberado por orden de otro juez.

En septiembre pasado volvió a ser detenido por un juez que ordenó su prisión domiciliaria y retirado a la fuerza de la cabina de una radio desde la que transmitía su habitual programa de comentarios políticos.

Garotinho fue candidato a la presidencia del país por el Partido Socialista Brasileño (PSB) en las elecciones de 2002, que llevaron por primera vez al poder a Luiz Inácio Lula da Silva

En esos comicios, Garotinho obtuvo 15,1 millones de votos, que en su momento representaron el 17,86 % del total, y quedó en el tercer lugar por detrás del propio Lula y el socialdemócrata José Serra.

Con la detención de la pareja llega a tres el número de exgobernadores de Río de Janeiro en la cárcel, pues Sergio Cabral, que gobernó este estado entre 2007 y 2014, purga actualmente tres condenas, una de las cuales a 45 años de prisión, por delitos como corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.

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