Autoridad del presidente de Nicaragua es afectada por sanciones de EEUU
El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, destacó que las sanciones tienen un alto impacto “moral”, ya que Ortega ha logrado que demócratas y republicanos hagan una pausa en la carrera electoral estadounidense, para pronunciarse en su contra.
La autoridad de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua ha sido afectada por las sanciones de Estados Unidos hacia sus familiares, allegados, y a la Policía Nacional, informó este martes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Según la dirigente opositora Azahalea Solís, las sanciones norteamericanas, por “graves” violaciones a los derechos humanos, hacen que Ortega sea visto como un presidente relacionado con personas e instituciones que ejecutan acciones ilícitas, lo que le resta autoridad a su estatus de gobernante.
“Tenemos un presidente sancionado, porque es parte de la cadena de mando de la organización sancionada que es la Policía Nacional (entonces) su autoridad queda más disminuida, más cuestionada, y su calidad de delincuente queda más configurada”, dijo a Efe Solís, quien es experta constitucionalista.
Una muestra de que el prestigio de Ortega ha mermado, es que anoche la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó una resolución en la que, tanto demócratas como republicanos, demandaron al Gobierno de Donald Trump “aumentar la presión contra Ortega y sus aliados”.
El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, destacó que las sanciones tienen un alto impacto “moral”, ya que Ortega ha logrado que demócratas y republicanos hagan una pausa en la carrera electoral estadounidense, para pronunciarse en su contra.
“Esas son las consecuencias de un Gobierno que restringe derecho y garantías constitucionales, de una policía que recibe órdenes de una dictadura, una dictadura que reprime cada día la libertad y la Constitución”, mencionó Chamorro.
Desde el levantamiento popular contra Ortega, en abril de 2018, más de una veintena de allegados del presidente y varias empresas relacionadas con su familia han sufrido sanciones, especialmente por delitos “graves” contra los derechos humanos, que incluyen la muerte de opositores, según los alegatos estadounidenses.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han reaccionado incómodos contra dichas sanciones, sin embargo, no han cedido ante las exigencias de restablecer los derechos constitucionales, desarmar a los paramilitares, liberar a los presos políticos, y adelantar las elecciones de 2021, vistas por la oposición y la comunidad internacional como solución a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Actualmente Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.
Una crisis similar no se observaba en Nicaragua desde los años 1980 a 1990, también con Ortega en la silla presidencial. EFE
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