Detienen a policía y otras dos personas por amenazar a diputado salvadoreño
El director de la PNC, Howard Cotto, confirmó a la prensa el arresto de las tres personas
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña y dos empleados de la Asamblea Legislativa fueron detenidos por "amenazar" al diputado y expresidente del Congreso Guillermo Gallegos, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), informó este jueves una fuente policial.
El director de la PNC, Howard Cotto, confirmó a la prensa el arresto de las tres personas y señaló que en las próximas horas se brindarán más detalles sobre el caso.
Cotto, quien no reveló cuándo se realizaron las capturas, indicó que dichas personas "eran investigadas desde el 2018 por amenazar al diputado Gallegos", quien aboga por el paramilitarismo para combatir a las pandillas.
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Por su parte, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo a la prensa, al ser consultado sobre el tema, que el diputado de GANA le había pedido que cambiará a tres personas asignadas para brindarle seguridad por "pérdida de confianza".
"Con esta situación da la impresión que en el Congreso estamos rodeados de delincuentes", señaló Quijano, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El parlamentario Gallegos también es partidario de la instauración de la pena de muerte y rechaza totalmente la despenalización del aborto en el país.
En abril de 2017, Gallegos pidió a sus colegas la legalización de grupos armados de ciudadanos, como las autodefensas mexicanas, para combatir a las pandillas y a mediados de marzo del año pasado presentó una propuesta de reforma a la Constitución, que contó con el respaldo inicial de 11 diputados de su partido, para aplicar la pena de muerte a los pandilleros.
La legislación salvadoreña establece que para reformar la Constitución es necesario que la moción, que debe ser presentada con la firma de 10 diputados, se apruebe con 43 votos en el transcurso de una legislatura y que se ratifique en la siguiente con 56 votos.
El artículo 27 de la Carta Magna salvadoreña estipula que "solo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional".
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