El Salvador: Arzobispo pide justicia en caso de los jesuitas
`Nos interesa que la justicia opere, que se resuelva de acuerdo con el derecho, la legislación nacional y los acuerdos internacionales'', dijo el prelado
El arzobispo de San Salvador dijo el domingo que espera que la Corte Suprema resuelva conforme al derecho nacional e internacional y a los convenios suscritos por El Salvador la solicitud de extradición de los militares acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. El arzobispo monseñor José Luis Escobar Alas expresó su total apoyo a la comunidad jesuita y dijo que comparte las declaraciones del rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), padre Andreu Oliva, que ha demandado que se conozca toda la verdad y llegar hasta los autores intelectuales del crimen. ``Nos interesa que la justicia opere, que se resuelva de acuerdo con el derecho, la legislación nacional y los acuerdos internacionales'', dijo el prelado en conferencia de prensa luego de presidir la misa dominical en la catedral metropolitana. Escobar Alas agregó que como Iglesia son parte del caso jesuitas, ``somos la parte agraviada, ellos son nuestros sacerdotes, entonces no somos ajenos, somos la parte ofendida, somos la parte de las víctimas''. El juez de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura con fines de extradición para 17 militares salvadoreños retirados e involucrados en el asesinato. La policía capturó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez. Otros 12 militares, en su mayoría generales y coroneles, están prófugos. De los militares requeridos, 16 se encontraban en el país mientras que el coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y según decisión de la jueza federal Kimberly Swank será extraditado a España, en lo que se supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los militares salvadoreños por la muerte de los religiosos. Escobar Alas afirmó que la Iglesia y los jesuitas piden justicia no por venganza ``sino es por el bien de la sociedad para que lo casos no se repitan'' y afirmó que esto no es ir contra el espíritu de los Acuerdos de Paz suscritos por el gobierno y la guerrilla que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992), como afirman sectores de la derecha, así como militares de alto rango en retiro. Recordó que la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que publicó un informe que incluye las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra, ``abrió el camino a seguirse, que tenía que haber reconciliación, que tenía que haber justicia y reparación de las víctimas para luego llegar a la reconciliación y a la paz''. ``Las heridas en las víctimas no pueden sanar si no hay perdón y el perdón se da cuando se conoce la persona que se tiene que perdonar'', agregó. Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la UCA. Sus dos colaboradoras Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares. Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl entrenados por Estados Unidos fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados. Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por una amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.