Fecundación in vitro: Choque de DDHH y religión en C. Rica

Reconocido internacionalmente como un ejemplo en la protección de los derechos humanos, Costa Rica no ha logrado en casi tres años aprobar una ley que habilite la fecundación in vitro.

Costa Rica es el único país del hemisferio americano donde no se practica la fecundación in vitro (FIV), una técnica médica reproductiva que está profundizando el choque entre el respeto a los derechos humanos y la defensa de posturas religiosas en el país. Reconocido internacionalmente como un ejemplo en la protección de los derechos humanos, Costa Rica no ha logrado en casi tres años aprobar una ley que habilite la fecundación in vitro, ante lo que el presidente Luis Guillermo Solís decidió hacerlo por decreto el pasado jueves para acatar una sentencia internacional. Se prevé que la técnica médica se comenzará a aplicar en dos años, cuando los hospitales del país estén debidamente preparados. La fecundación in vitro fue prohibida en el año 2000, cuando la Sala Constitucional determinó que violaba el derecho a la vida, que para los magistrados comienza desde la concepción, al ser una técnica que pone en riesgo óvulos fecundados. Pasaron 12 años y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia en la que ordenó a Costa Rica rehabilitar la técnica médica porque con su prohibición violaba los derechos a la vida privada y familiar, a la integridad personal, a la salud sexual, al de gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y al de no discriminación. Un grupo de diputados autodenominados "pro vida", la mayoría de partidos evangélicos, ha ejercido una dura oposición a un proyecto de ley que desde hace dos años se estudia en el Congreso y que busca regular la fecundación in vitro. La Iglesia católica también ha manifestado su rechazo a la técnica médica debido a que en muchas ocasiones no tiene éxito y se pierde la vida de los óvulos fecundados. El decreto firmado por Solís prohíbe que óvulos fecundados sean desechados, comercializados, destruidos, clonados o alterados genéticamente. Los diputados que se oponen a la fecundación in vitro han anunciado que acudirán a la Sala Constitucional porque lo consideran inconstitucional. El legislador del Partido Renovación Costarricense (PRC, cristiano) Abelino Esquivel calificó el decreto como un "holocausto de embriones humanos" y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, dijo que se trata de una "licencia para matar embriones". El legislador del PRC Gonzalo Ramírez dijo que "los grandes campos de exterminio pasaron de la Alemania nazi a Costa Rica". El Partido Unidad Social Cristiana también mostró una dura postura y expresó su temor a que se abra un portillo para que parejas de mujeres homosexuales conciban hijos, pues el decreto permite a cualquier mujer acudir a la técnica médica, siempre que sea infértil. Costa Rica es un país que en su Constitución Política mantiene a la católica como la religión oficial y donde recientemente grupos religiosos se han unido en multitudinarias marchas en defensa de la vida y la familia tradicional. "El hijo no es un derecho, sino un don", dijo recientemente el portavoz de la Conferencia Episcopal, Mauricio Víquez, quien aseguró que "lo ideal es proteger al embrión siempre" ante lo que citó la adopción como una alternativa a la fecundación in vitro. En un Congreso donde cualquier diputado puede bloquear un proyecto de ley por años gracias a un reglamento permisivo, que tampoco ha podido ser modificado por falta de apoyo, es particularmente difícil legislar y más aún temas que involucran convicciones religiosas. Es así como están estancados desde hace años proyectos de ley para legalizar las uniones civiles entre parejas del mismo sexo y para restablecer la fecundación in vitro. Los grupos defensores de derechos humanos y sectores políticos han aplaudido la decisión del presidente Solís de firmar el decreto que habilita la fecundación in vitro. Sin embargo, todo apunta a que el asunto será resuelto, como ya es costumbre en el país cuando se discute un tema polémico, por la Sala Constitucional. Solís ha defendido la legalidad del decreto y ha instado a los diputados a aprobar una ley sobre la materia.