La "mano dura" de Laura Fernández alborota a defensores de derechos humanos
Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura advierte sobre riesgos de violaciones a los derechos humanos en Costa Rica debido al hacinamiento carcelario y las políticas migratorias restrictivas.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) alertó este viernes sobre posibles retrocesos en materia de derechos humanos en Costa Rica, especialmente por el endurecimiento de medidas migratorias y penitenciarias que priorizan la restricción sobre la dignidad humana, lo que podría derivar en malos tratos.
En su informe anual, el organismo advirtió sobre la crisis en la gestión migratoria y documentó una “privación de libertad de facto” contra personas deportadas desde Estados Unidos hacia Costa Rica en 2025, quienes fueron alojadas en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM).
Según el reporte, esta situación prolongó un “encadenamiento internacional de vulneraciones” y provocó afectaciones psicosociales en los migrantes.
Durante 2025, Costa Rica recibió a unos 200 migrantes de diversas nacionalidades deportados desde Estados Unidos. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron presuntas vulneraciones a estas personas.
Restricciones severas en cárceles
El informe también cuestiona las medidas aplicadas en el circuito de alta contención del sistema penitenciario costarricense, entre ellas la suspensión total de programas educativos y laborales, limitaciones al vínculo familiar y restricciones alimentarias para los reclusos.
De acuerdo con el MNPT, estas condiciones representan un riesgo de que las cárceles “se conformen como un entorno torturante”, rozando estándares internacionales sobre protección de derechos humanos.
El documento advierte además que las cárceles podrían convertirse en simples espacios de contención, sin programas efectivos de resocialización, aumentando así el riesgo de reincidencia criminal.
Hacinamiento penitenciario en Costa Rica
Datos del MNPT revelan que, hasta febrero de 2026, el sistema penitenciario de Costa Rica alberga a 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación del 46,4 %. Algunos centros penales alcanzan hasta un 134 % de hacinamiento.
La presidenta de Laura Fernández ha reiterado que impulsará una reforma “profunda” del Estado y aplicará políticas de “mano dura” contra el crimen organizado.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno prevé inaugurar el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una mega cárcel con capacidad para 5.100 reclusos y un avance de construcción del 36 %.
El proyecto, valorado en unos 35 millones de dólares, está inspirado en el modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador, a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.
La construcción del penal ocurre en medio de cifras históricas de violencia en Costa Rica, país que registra alrededor de 900 homicidios anuales, de los cuales cerca del 70 % son atribuidos por las autoridades al narcotráfico.
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