Mujer trans se declaró víctima de Petro y dice que le daba servicios íntimos
El caso de Prada cobró mayor resonancia al coincidir con el desarrollo de la causa judicial que lidera Deicy Jiménez, abogada y mujer trans que ocupó posiciones de contratación y asesoría dentro de entidades estatales.
Una densa tormenta política y mediática sacude las plataformas digitales e institucionales en Colombia. La divulgación de un polémico testimonio en redes sociales por parte de la creadora de contenido Alison Prada se ha sumado a las denuncias judiciales que cursan en la Fiscalía General de la Nación, encabezadas por la abogada Deicy Jiménez, salpicando la figura del expresidente Gustavo Petro en medio de un intenso debate nacional.
El testimonio virtual de Alison Prada
La controversia estalló en las plataformas digitales luego de que Alison Prada, una mujer trans que se desempeña como creadora de contenido y modelo en plataformas de entretenimiento para adultos y webcam, publicara un video relatando un supuesto episodio ocurrido entre 2016 y 2017.
Según su versión, mientras trabajaba desde Bogotá ofreciendo transmisiones privadas, recibió la solicitud de un usuario que pagó por una sesión virtual, percatándose de que la persona al otro lado de la pantalla era el entonces dirigente político.
«Esto me tomó por sorpresa, pero lo vi como una oportunidad para obtener dinero», manifestó Prada en la grabación, asegurando que tras años de guardar silencio decidió hacerlo público y declarándose "víctima" de la situación. No obstante, hasta el momento no existen pruebas independientes, peritajes técnicos o evidencias documentales que confirmen que la cuenta utilizada en dicha plataforma perteneciera efectivamente al exmandatario, ni se han presentado denuncias formales ante estrados judiciales por parte de la modelo.
Deicy Jiménez: el frente judicial y la entrega de pruebas
El caso de Prada cobró mayor resonancia al coincidir con el desarrollo de la causa judicial que lidera Deicy Jiménez, abogada y mujer trans que ocupó posiciones de contratación y asesoría dentro de entidades estatales. Jiménez es la figura central de las indagaciones sobre el presunto otorgamiento de contratos públicos en el Congreso y ministerios a cambio de favores personales e interacciones privadas.
La situación dio un giro determinante luego de que Jiménez asistiera a la Fiscalía General de la Nación para entregar su teléfono celular, junto a registros de chat, archivos digitales y material fotográfico, exigiendo que se investigue la posible configuración de tráfico de influencias y conductas de violencia basada en género.
La controversia sumó tensión tras las declaraciones del entorno institucional sobre las razones por las cuales “tuvieron que sacarla” de sus funciones estatales, argumentando presuntos desvinculaciones administrativas. Frente a esto, Jiménez sostiene que su salida y los señalamientos posteriores respondieron a represalias directas por haber roto el silencio.
Investigaciones y postura de la defensa
Frente al material probatorio entregado por Jiménez, la Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una indagación previa para determinar eventuales faltas disciplinarias o irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, al tiempo que la Corte Suprema de Justicia ha requerido antecedentes contractuales vinculados a las denuncias.
Por su parte, la defensa técnica del expresidente Gustavo Petro ha rechazado categóricamente la validez de ambas acusaciones. El equipo legal desestimó el testimonio de Alison Prada por falta de sustento probatorio y calificó el expediente de Deicy Jiménez como un intento de instrumentalización política y mediática, asegurando que demostrarán la invalidez de los seudoargumentos presentados.
Mientras los peritos de la Fiscalía analizan los dispositivos entregados, el país sigue con lupa un caso donde convergen la viralidad de las redes sociales, las identidades de género y el escrutinio a las altas esferas del poder público.
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