Nicaragua aplica el trámite de urgencia a la "Ley del perdón" en el Parlamento
"Ley para un Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista'. Esta propuesta será conocida y discutida en las próximas sesiones de este Poder del Estado", anunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Una iniciativa conocida como "Ley del Perdón", referida a los delitos ocurridos en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua, es tramitada con urgencia en la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, informó este miércoles el Gobierno.
"Ha sido presentada ante la Asamblea Nacional, con trámite de urgencia, la (iniciativa de) 'Ley para un Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista'. Esta propuesta será conocida y discutida en las próximas sesiones de este Poder del Estado", anunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El proyecto de ley tiene como objetivo "beneficiar a aquellas personas y familias que fueron víctimas del terrorismo golpista, que perdieron seres queridos, lesiones psicológicas graves, derivadas de las acciones violentas del fallido Golpe de Estado" en 2018, dijo el canciller Denis Moncada.
Según el Gobierno nicaragüense, las protestas masivas del año pasado contra el presidente Daniel Ortega, en las que cientos de manifestantes murieron, resultaron arrestados o desaparecieron, fueron en realidad un intento de golpe de Estado.
Por su parte la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para solucionar la crisis, sostiene que el verdadero objetivo de la "Ley del perdón" es aplicar una amnistía o indulto que proteja a los policías y personas afines a Ortega que han cometido crímenes durante la crisis sociopolítica que afecta al país.
Según la Alianza, una amnistía o indulto no solucionará el problema legal de la crisis, ya que se necesita "una política pública de reparación ética, moral, económica, incluso psicológica para las víctimas y sus familias".
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Los abogados de los manifestantes capturados han propuesto siete "rutas" legales para liberar a los "presos políticos" sin necesidad de un perdón presidencial, y como base para detener a los verdaderos responsables de los crímenes, pero el Gobierno no las ha tomado en cuenta.
Los opositores también rechazan la amnistía o indulto, porque consideran que esto podría dejar las puertas abiertas para que un grupo de personas que han cometido crímenes lleguen al poder en el futuro, como ya ocurrió en el pasado.
El trámite de urgencia permite que la iniciativa de ley sea aprobada esta misma semana o la próxima, gracias a la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional.
La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos desde el estallido social del 18 de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha responsabilizado al Gobierno por la violencia. ONGs locales cuentan hasta 594. Ortega reconoce 199.
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