Parlamento catalán declara la independencia de la región

El pasado 1 de octubre tuvo lugar una consulta soberanista que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal y en la que unos dos millones de catalanes (en una región de 7,5 millones con más de 5 millones de ciudadanos con derecho de voto) se pronunció a favor de la secesión, según datos de las propias autoridades independentistas.
La resolución consta de un preámbulo con exposición de hechos y motivos y otra de intenciones y fue esta segunda parte la que realmente se votó.
En la primera parte -no votada porque JxSí y la CUP consideran que la independencia ya fue aprobada por la ciudadanía con los resultados de la consulta ilegal del 1 de octubre-, la resolución dice: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".
La sesión fue tormentosa, en especial cuando llegó el momento de la votación de la resolución secesionista.
A diferencia de con las presentadas por el resto de grupos, que se votaron de manera electrónica (lo que permite identificar al votante), la declaración independentista se sometió al escrutinio secreto y el voto se depositó en urna.

Justo antes de la votación la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, avisó de que los diputados podrían verse afectados por la advertencia del Tribunal Constitucional a quienes participen en actos favorables a la independencia de Cataluña.
Por eso Junts pel Sí y la CUP reclamaron votar de modo secreto y eludir así la eventual acción de la Justicia española.
La oposición protestó por el cambio de reglas de votación sobre la marcha y algunos diputados llamaron "cobardes" a los secesionistas, por ocultar su voto.
Al final setenta diputados votaron a favor de la resolución secesionista, por diez en contra y dos en blanco.
Los votos contrarios procedieron de una coalición de izquierdas, que sí participó en el sufragio y cuyos parlamentarios mostraron sus papeletas con el "no" para evitar ser perseguidos por la Justicia.
El documento de JxSí y la CUP pretende dar inicio a un "proceso constituyente" y hacer efectiva la ley de transitoriedad jurídica, para permitir el paso de las instituciones catalanas a una república independiente de España.
La parte expositiva de la resolución reproduce la "declaración de los representantes de Cataluña" que el pasado 10 de octubre firmaron los diputados de JxSí y la CUP tras la comparecencia en el Parlamento del presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, que inmediatamente suspendió los "efectos" de la independencia para abrir un periodo de diálogo.
El Parlamento regional catalán instó al Ejecutivo catalán a aprobar todos los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica (que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional español) con la que se busca crear un nuevo marco legal catalán, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.