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Perú: Tribunal Constitucional denuncia que Congreso vulnera autonomía
Las presiones denunciadas por los magistrados se producen a pocos días que emitan su fallo sobre el hábeas corpus presentado por Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori.
Los magistrados del Tribunal Constitucional de Perú denunciaron hoy que el Congreso, dominado con mayoría absoluta por el fujimorismo, les impide ejercer su labor con autonomía por la denuncia que tramita contra cuatro de sus miembros por supuesta prevaricación.
Los jueces constitucionales Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos Núñez, dos de los cuatro denunciados, manifestaron ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) su preocupación porque el proceso termine con su destitución y conlleve una vulneración de la autonomía e imparcialidad de los jueces.
Indicaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya pidió al Estado peruano un informe cuyo plazo para remitirlo finaliza este martes.
Los magistrados son investigados por supuestamente cambiar el voto de unos de sus excompañeros en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, donde se procesa a miembros de la Armada peruana por presuntamente ejecutar extrajudicialmente a presos condenados por terrorismo que se habían rendido tras un motín en 1986.
Espinosa-Saldaña explicó que no cambiaron "ni una línea y ni una coma" de la sentencia, y lo único que se limitaron fue a interpretar el sentido del voto singular emitido por el exmagistrado Juan Vergara para tener una mayoría de cuatro votos con lo que el Tribunal se declara inhábil para decidir si los delitos son de lesa humanidad.
El juez recordó que la argumentación de Vergara era ambigua, pero que en varias ocasiones manifestó públicamente su posición de inhabilitación del Tribunal Constitucional para declarar los delitos del caso El Frontón como lesa humanidad, pues a su criterio es una función que corresponde únicamente al juez penal.
Los jueces constitucionales Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos Núñez, dos de los cuatro denunciados, manifestaron ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) su preocupación porque el proceso termine con su destitución y conlleve una vulneración de la autonomía e imparcialidad de los jueces.
Indicaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya pidió al Estado peruano un informe cuyo plazo para remitirlo finaliza este martes.
Los magistrados son investigados por supuestamente cambiar el voto de unos de sus excompañeros en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, donde se procesa a miembros de la Armada peruana por presuntamente ejecutar extrajudicialmente a presos condenados por terrorismo que se habían rendido tras un motín en 1986.
Espinosa-Saldaña explicó que no cambiaron "ni una línea y ni una coma" de la sentencia, y lo único que se limitaron fue a interpretar el sentido del voto singular emitido por el exmagistrado Juan Vergara para tener una mayoría de cuatro votos con lo que el Tribunal se declara inhábil para decidir si los delitos son de lesa humanidad.
El juez recordó que la argumentación de Vergara era ambigua, pero que en varias ocasiones manifestó públicamente su posición de inhabilitación del Tribunal Constitucional para declarar los delitos del caso El Frontón como lesa humanidad, pues a su criterio es una función que corresponde únicamente al juez penal.
Además, criticó que el Congreso los acuse cuando el proceso por el caso El Frontón todavía no ha concluido en el Tribunal Constitucional, pues hay prevista una audiencia para tratar el caso el próximo 13 de diciembre, tras un recurso presentado por los miembros de la Armada.
Si el Tribunal Constitucional determinara que no se puede juzgar el caso como violaciones a los derechos humanos, se aplica la prescripción de los delitos y "no se materializaría responsabilidad alguna" contra sus autores, detalló Espinosa-Saldaña.
"Ahora el Congreso nos dice que si no hacemos eso, se nos viene la acusación constitucional. Quieren condicionar la actuación de los jueces, y no lo vamos a permitir. Si eso nos cuesta represalias, seguiremos y asumiremos lo que tenga que venir como consecuencia de eso", dijo el magistrado.
"Nuestra responsabilidad es defender la constitución y sus alcances, cueste lo que nos cueste. No defendemos nuestros puestos, sino la institucionalidad y los principios que rigen nuestro quehacer", agregó.
Espinosa-Saldaña pidió al Congreso "no repetir los errores del pasado", en referencia a los magistrados del Tribunal Constitucional destituidos en 1996 por anular la ley de interpretación auténtica, que permitía la segunda reelección consecutiva del encarcelado expresidente Alberto Fujimori.
"No tenemos que llegar a situaciones extremas. Al país le ha costado mucho recomponer su imagen económica y su credibilidad política", apuntó.
Afirmó que algunos congresistas, entre ellos el fujimorista Héctor Becerril, les enviaron cartas en la que les aconseja cómo resolver los casos, y "esto no se puede dar, es inadmisible".
En caso de la denuncia culmine con la destitución de los magistrados, Carlos Ramos Núñez anunció que recurrirán a la sistema de justicia nacional como al internacional, donde auguró una "victoria judicial".
Indicó que la CorteIDH "ha sido muy coherente en la defensa de los jueces, quienes no pueden ser removidos con motivo del juicio que emitan en sus sentencias".
Las presiones denunciadas por los magistrados se producen a pocos días que emitan su fallo sobre el hábeas corpus presentado por Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y actual líder del partido fujimorista Fuerza Popular, para anular la sentencia de 25 años de prisión impuesta a su padre por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Si el Tribunal Constitucional determinara que no se puede juzgar el caso como violaciones a los derechos humanos, se aplica la prescripción de los delitos y "no se materializaría responsabilidad alguna" contra sus autores, detalló Espinosa-Saldaña.
"Ahora el Congreso nos dice que si no hacemos eso, se nos viene la acusación constitucional. Quieren condicionar la actuación de los jueces, y no lo vamos a permitir. Si eso nos cuesta represalias, seguiremos y asumiremos lo que tenga que venir como consecuencia de eso", dijo el magistrado.
"Nuestra responsabilidad es defender la constitución y sus alcances, cueste lo que nos cueste. No defendemos nuestros puestos, sino la institucionalidad y los principios que rigen nuestro quehacer", agregó.
Espinosa-Saldaña pidió al Congreso "no repetir los errores del pasado", en referencia a los magistrados del Tribunal Constitucional destituidos en 1996 por anular la ley de interpretación auténtica, que permitía la segunda reelección consecutiva del encarcelado expresidente Alberto Fujimori.
"No tenemos que llegar a situaciones extremas. Al país le ha costado mucho recomponer su imagen económica y su credibilidad política", apuntó.
Afirmó que algunos congresistas, entre ellos el fujimorista Héctor Becerril, les enviaron cartas en la que les aconseja cómo resolver los casos, y "esto no se puede dar, es inadmisible".
En caso de la denuncia culmine con la destitución de los magistrados, Carlos Ramos Núñez anunció que recurrirán a la sistema de justicia nacional como al internacional, donde auguró una "victoria judicial".
Indicó que la CorteIDH "ha sido muy coherente en la defensa de los jueces, quienes no pueden ser removidos con motivo del juicio que emitan en sus sentencias".
Las presiones denunciadas por los magistrados se producen a pocos días que emitan su fallo sobre el hábeas corpus presentado por Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y actual líder del partido fujimorista Fuerza Popular, para anular la sentencia de 25 años de prisión impuesta a su padre por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
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