Productores enfrentan juicio
El juicio contra la película “Presunto culpable” ha reabierto en México el debate sobre la presunta opacidad del sistema judicial y la posibilidad de que una condena
El juicio contra la película “Presunto culpable” ha reabierto en México el debate sobre la presunta opacidad del sistema judicial y la posibilidad de que una condena a sus productores genere un “efecto mordaza” entre quienes hacen denuncia social a través de documentales.
“Es una situación muy paradójica. Presunto culpable es quizás uno de los documentos de denuncia más importantes sobre todo de los problemas estructurales que tiene el procedimiento criminal en México”, asegura el doctor en Derecho Miguel Rábago, de la Universidad Iberoamericana (UIA).
En 2011, el documental -dirigido por Roberto Hernández y producido por Layda Negrete, ambos abogados- contó la historia de José Antonio Zúñiga “Toño”, un joven acusado de homicidio con pruebas endebles y un testimonio falso y que fue condenado a 20 años de cárcel, aunque después apeló y quedó libre.
El responsable de ese testimonio, Víctor Daniel Reyes, ha contraatacado y les ha denunciado por “daño moral” y “genérico” por utilizar su imagen sin su consentimiento.
La causa es una de las varias presentadas contra los directores, productores y distribuidores de la cinta, muy exitosa en taquilla, pero que acumula reclamaciones por valor de unos 3,000 millones de pesos (232 millones de dólares), incluida la de Reyes.
“Nosotros vemos estos juicios como una forma de acoso judicial por un trabajo periodístico que tiene que ver precisamente con el poder judicial del Distrito Federal, y es muy sintomático que justamente en esta jurisdicción es donde estamos teniendo todos los problemas”, explica Negrete, productora del documental.
La abogada considera que la jueza civil a cargo de su caso, María del Rosario Mancera Pérez, no es imparcial, pues tiene una opinión negativa del documental y del daño que ha hecho a la justicia en México.
“Nuestro documental no intentaba lastimar a una persona, intentaba cuestionar a un sistema para cambiar. Lamentamos que se sientan ofendidos”, agrega.
Esta semana la magistrada negó el acceso a los medios de comunicación a una audiencia del caso, algo que permite la ley, pero a discreción del juez.
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