$25 millones por declaratoria de Estado de Emergencia Ambiental
El artículo 3 de la resolución establece lo escrito en el párrafo anterior, de que el Consejo de Gabinete podrá modificarla ya sea para variar el monto asignado o el periodo para realizar las contrataciones.
Con la declaración de Estado de Emergencia Ambiental para las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, se dispondrá de un fondo de $25 millones para contrataciones especiales para atender los desastres ocasionados por las lluvias que han afectado estas regiones del país.
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Se podrán realizar compras especiales bajo este estado de emergencia hasta el 30 de junio de 2023, según la Resolución de Gabinete No.110 de 6 de octubre de 2022.
Hay que hacer la observación de que este estado de emergencia no fue declarado por la incidencia del huracán Julia, sino por daños ocasionados en estas provincias y comarcas por lluvias caídas con anterioridad.
Después de la evaluación de los daños que dejó el paso al norte del país de la tormenta tropical y que afectó principalmente a las provincias de Colón y Chiriquí, el Gobierno deberá evaluar si se utiliza esta resolución y se modifica la cifra para contrataciones especiales o expide una nueva resolución.
El artículo 3 de la resolución establece lo escrito en el párrafo anterior, de que el Consejo de Gabinete podrá modificarla ya sea para variar el monto asignado o el periodo para realizar las contrataciones.
Todavía no se sabe a cuanto ascienden los daños ocasionados por este último fenómeno atmosférico, sin embargo, la Cámara de Comercio de Colón la estimó en más de $1 millón para la actividad comercial de la ciudad.
En Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé se registraron varios deslizamientos en calles y caminos que deberán ser reparados.
En cuanto a viviendas, se conoció que en Tierras Altas hubo una con destrucción total.
En Colón se atendieron a más de 200 familias que resultaron afectadas con las lluvias caídas el viernes por la noche, mientras que en Chiriquí fueron albergadas más de 200 familias en Tierras Altas y Barú.
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