Abogado Sidney Sittón pide despido de ministro y cónsul

Uno de los abogados defensores del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Sidney Sittón, presentó hoy una denuncia y pidió el despido del ministro dee Obras Públicas, Ramón Arosemena, y la cónsul en Miami, Florida (EE.UU.) del gobierno de Panamá, Adela Chiari, por "corrupción". Según la denuncia de Sittón, a la que tuvo acceso Acan-Efe, Arosemena, ministro de Obras Públicas, y Chiari han ejecutado actos como funcionarios públicos "que constituyen violación directa y dolosa a la Constitución" de Panamá, por supuestamente tener sus derechos ciudadanos suspendidos, lo que considera es "corrupción". La "denuncia formal", según explica Sitton en la misma, fue presentada a título personal "como ciudadano panameño" ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). De acuerdo con el letrado, los dos funcionarios adquirieron la nacionalidad estadounidense y por eso tienen tácitamente "suspendidos" sus derechos ciudadanos como panameños, por lo tanto al ejercer un cargo público "con mando y jurisdicción" están violando la Carta Magna, por lo que pide sean despedidos del cargo. Advierte que la renuncia tácita a la nacionalidad adquirida no hace que automáticamente se rehabiliten los derechos civiles como panameño, sino que tiene que solicitarse un proceso administrativo ante la Asamblea Nacional para reasumir la ciudadanía. El abogado cita la jurisprudencia en el caso del anterior alcalde de la capital panameña, Bosco Vallarino, quien fue elegido en 2009 sin que la Asamblea Nacional le rehabilitara sus derechos ciudadanos al poseer la nacionalidad estadounidense, aunque luego renunció por presiones del Ejecutivo y es procesado actualmente por corrupción. Según Sittón, ni la Cancillería, ni el Gobierno y las instituciones autónomas y semiautónomas y otras dependencias han elaborado un listado de los funcionarios con mando y jurisdicción que tiene sus derechos suspendidos en forma tácita así como aquellos casos en donde habiendo renunciado a esa nacionalidad adquirida no han sido rehabilitados por la Asamblea Nacional. Pero el abogado calcula que hay unos 80 altos funcionarios panameños en esa condición y que todos deben ser destituidos. "Todos y cada uno de los funcionarios que no han renunciado a sus nacionalidades adquiridas o que no hayan sido rehabilitados por la Asamblea en el evento que ya hayan renunciado a las mismas, están ocupando cargos con mando y jurisdicción en forma ilícita ya que la Constitución se los prohíbe", acota. El abogado agrega que "demás está decir que los emolumentos devengados se han obtenido al margen de la ley afectando el Patrimonio del Estado". Sittón pretende que se oficie a la Cancillería, al Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, al Tribunal Electoral y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para que aporten información sobre estos casos. También pide que "se le exija a los funcionarios denunciados que entreguen copia de la Resolución de naturalización en otro país así como el pasaporte que le fue conferido". Sittón forma parte de la veintena de abogados que tiene Martinelli para defenderlo de los hasta ahora seis casos por corrupción en su contra que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra él en su condición de parlamentario centroamericano. Los defensores del exgobernante, en Miami desde el 28 de enero pasado, son los que propugnan la tesis que su defendido es un "perseguido político" del gobierno de Varela y que no viene a Panamá porque en el país no hay garantías ni se respeta la presunción de inocencia. Mientras tanto, más de la mitad del gabinete de Martinelli y algunos empresarios está presos preventivamente o en condición de casa o país por cárcel mientras se les investiga por corrupción.