Abogados advierten sobre proyecto de Extinción de Dominio
El exfiscal Boris Barrios dijo que si bien Panamá requiere una legislación de extinción de dominio, se debe hacer sin violar derechos humanos no cometer arbitrariedades.
Barrios advirtió que no puede haber debido proceso sin presunción de inocencia y aquí se quiere ejercer la extinción de dominio sin condena. Resulta aberrante aplicarla sin una sentencia penal condenatoria.
Para el catedrático Miguel Antonio Bernal, el proyecto tal como está se lleva de calle las garantías fundamentales y procesales, derechos humanos y libertades democráticas.
Según Bernal, este proyecto de extinción de dominio es Made in USA y denunció que se están ejerciendo presiones sobre la Asamblea Nacional para su aprobación.
En tanto, Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional, dijo que no se opone a una ley, pero hay entender lo que se busca, porque la realidad de Panamá no es la misma de Colombia y El Salvador.
Rodríguez cuestionó que un fiscal pueda iniciar de oficio y cuando le dé la gana un proceso. El proyecto como está redactado no puede ser aprobado, debe ser modificado en base a la realidad panameña.
Por su parte, la especialista en Derecho Penal, Julia Sáenz, aseguró que el problema principal del Proyecto de Ley 625 radica fundamentalmente en que es una propuesta de la ONU, que viene desarrollando una Ley marco en la que sólo Colombia y El Salvador han participado.
Mientras que para la exmagistrada Aura Guerra de Villalaz, el proyecto contradice el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Además advirtió que los tipos penales deben basarse en la ley y Constitución y no en opinión de un fiscal o criterio de un juez de extinción de dominio.., eso es una burla, añadió.
Para la exmagistrada, lo de extinción de dominio no es una novedad, sino sinónimos o etiquetas, porque ya las leyes contemplan confiscación, comiso y otras acciones similares.
Mientras que Melson Mena, especialista contra la delincuencia organizada transnacional de la OEA, destacó que el objetivo es contar con un mecanismo legal para combatir grupos delictivos nacional y transnacional.
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