Al menos 14 normas se violaron con arresto de diputados Martinelli
Guatemala viola al menos 14 normas legales, entre nacionales e internacionales, con la detención ilegal de los Diputados Centroamericanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
En su recurso de “exhibición personal” presentado ante un Juzgado de Paz para exigir la inmediata liberación de los hermanos Martinelli Linares, el abogado Denis Cuesy, afirma que Guatemala viola seis artículos de su Constitución Nacional, dos de la Convención de Viena y seis del Acuerdo Sede suscrito con el Parlamento Centroamericano.
La evidencia legal es tan abrumadora a favor de los diputados Martinelli, que ayer Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, trató de ejercer presión vía twitter contra el Parlacen, alegando que no pueden ser escudo para bloquear una extradición.
Denis Cuesy precisa que el Acuerdo Sede “es claro y de estricta observación”, además de que determina las calidades y prerrogativas de las cuales gozan y deben respetarse desde el momento en que los diputados adquieren la protección del Parlacen.
Recuerda que el Parlacen goza de “Inmunidad de Jurisdicción” frente a las autoridades judiciales y administrativas locales, salvo en los casos particulares en que el Presidente del organismo regional acceda a su renuncia por escrito.
“En el presente caso es notable y claro, que el ente encargado y con jurisdicción para determinar si los señores Martinelli Linares gozan de inmunidad o no, es exclusivamente el Parlamento Centroamericano, a través de su presidente, y jamás por un Tribunal del orden común guatemalteco, que no tiene jurisdicción y mucho menos competencia para determinar si en realidad les asiste o no dicho derecho de gozar de inmunidad”, destaca.
Cuesy enfatiza que los Martinelli Linares fueron electos y Guatemala, a través de su Organismo Judicial, está obligada a respetar y cumplir los compromisos internacionales que adquirió.
Y en vista de que Guatemala reconoce la “Personalidad Jurídica” del Parlacen, debe tener claro que su jurisdicción interna no es competente para conocer el proceso de los Martinelli Linares, porque estos gozan de las calidades y prerrogativas que la inmunidad confiere, puntualiza.
“Siendo jurisdicción exclusiva del Parlamento Centroamericano determinar si los detenidos ilegalmente, gozan o no de inmunidad”, manifestó.
El jurista argumenta que los diputados del Parlamento tienen derecho a identificarse con un carné centroamericano que acredite su carácter y esto ha sido irrespetado por Guatemala, que les ha “secuestrado” sus documentos, los cuales fueron firmados por el Presidente del Parlacen y reconocidos inicialmente por las autoridades guatemaltecas.
Guatemala emitió una serie de documentos, a finales de junio y principios de este mes, en los que reconoce directamente la inmunidad y demás prerrogativas que se derivan del cargo que los Martinelli Linares ostentan.
El 30 de junio pasado, se envió una notificación a la Policía Nacional Civil para que les diera las “consideraciones necesarias” a los Martinelli Linares para su ingreso al país.
Un oficio firmado por el vicecanciller guatemalteco, Eduardo Hernández Recinos, ordena a la Policía que se “tomen las consideraciones necesarias”.
Y cuando ingresaron al país, el director general de la Policía Nacional Civil, Carlos Roberto Tohom Escobar, les selló su carpeta de diputados y les pidió a las autoridades correspondientes “observar estrictamente las disposiciones emanadas del Acuerdo Sede entre el Gobierno de Guatemala y el Parlamento Centroamericano, concediendo al portador (los Martinelli Linares), los privilegios, inmunidades y consideraciones debidas a su alta investidura”.
Mientras que otro documento oficial de la Presidencia de Guatemala, que dicta disposiciones sanitarias por la pandemia de COVID-19, establece que el cierre de las fronteras del país excluirá solo a guatemaltecos, residentes permanentes y al “Cuerpo Diplomático acreditado en el país”.
Esto último fue lo que se les aplicó a los Martinelli Linares para permitirles entrar al país, a pesar del cierre de las fronteras por la pandemia de COVID-19.
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