Sucesos - 20/11/26 - 07:01 PM

Balas en centros educativos: el trauma que Panamá no mide

Un homicidio en un campus universitario deja un trauma invisible. Panamá tiene una Política Criminológica desde 2022, pero el crimen organizado sigue entrando a las universidades.

 

Por: Redacción / Web -

Panamá- Un tiroteo o un homicidio en un centro educativo no termina cuando se apaga la sirena de la policía. El impacto psicológico se propaga entre los estudiantes y la comunidad educativa, dejando una herida invisible. La criminología advierte que la violencia no es un hecho aislado, sino el resultado de factores estructurales. Panamá cuenta con una Política Criminológica desde 2022 para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, el crimen organizado sigue cruzando las fronteras de los campus, como lo demostró el caso del Centro Regional Universitario de Veraguas.

La herida que no sangra

La evidencia científica sobre violencia armada en entornos académicos demuestra que quienes están físicamente cerca del evento traumático experimentan más pensamientos intrusivos no deseados sobre lo ocurrido. Esto predice el desarrollo de síntomas de estrés postraumático. Los tiroteos en entornos universitarios afectan la salud mental de los sobrevivientes, quienes pueden experimentar ansiedad, depresión y miedo persistente, a pesar de que muchos logran una recuperación a largo plazo con el apoyo adecuado.

Lo que dice la ley

Para entender cómo se llega a este punto, la criminología mira el contexto social. La Ley 328 de 10 de octubre de 2022, que establece la Política Criminológica de la República de Panamá, parte de la premisa de que la inseguridad debe ser vista como un problema de salud pública. La ley identifica factores nacionales que afectan la seguridad ciudadana, entre ellos, la dependencia química, el efecto violento del mercado de las drogas, las pandillas vinculadas al crimen organizado y la falta de oportunidades para los jóvenes. 

Esta política de Estado obliga al Estado a proporcionar herramientas científicas para la atención integral de las víctimas de violencia, con la finalidad de recomponer el tejido social. Además, el artículo 14 de la ley incorpora a un representante del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá (ICRUP) al Consejo Nacional de la Política Criminológica. El objetivo es que el análisis académico guíe las decisiones para entender y prevenir los fenómenos delictivos. 

La cerca que rompieron las balas

A pesar del marco legal, la realidad panameña es cruda. El 7 de junio de 2024, varios hombres armados irrumpieron en los terrenos del Centro Regional Universitario de Veraguas (CRUV). Los atacantes atravesaron la cerca perimetral y dispararon contra los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que construían ranchos para el aniversario del centro. Álvaro Leones Álvarez, de 27 años, murió. Otro estudiante recibió dos impactos de bala. 

Juicio en 2028, duelo hoy

La investigación de la Fiscalía Regional de Veraguas determinó que el homicidio estaría relacionado con conflictos entre organizaciones criminales que operaban en la provincia. Un vehículo propiedad de un docente fue hurtado y presuntamente utilizado para cometer el ataque. El juicio oral contra dos hombres fue fijado para el 21 de agosto de 2028, con 167 pruebas presentadas por el Ministerio Público. 

Lo que queda

El caso del CRUV demuestra que la violencia puede traspasar la cerca perimetral de cualquier institución. La ley existe y el marco criminológico está definido. Sin embargo, la prevención real, la que evita que un estudiante muera a tiros mientras construye un rancho, es la que aún no llega a los campus.


 

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