ANTAI se lava las manos: dice que investigar a ministros le toca a la Corte
Indican que cualquier investigación relacionada con la presunta comisión de faltas o delitos por parte de un ministro debe seguir el procedimiento previsto en el Código Judicial
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) dijo que no tiene facultad para investigar el conflicto de intereses de ministros de Estado, al señalar que esa responsabilidad recae exclusivamente en la Corte Suprema de Justicia.
El pronunciamiento de la entidad se produce luego de las investigaciones periodísticas divulgadas en distintos medios de comunicación y plataformas digitales sobre actuaciones atribuidas a ministros del Gobierno.
Ante ese escenario, la ANTAI recordó que la Ley 316 de 2022 establece un procedimiento especial para los miembros del Consejo de Gabinete, quienes están sujetos a un régimen distinto al del resto de los servidores públicos.
Según explicó la institución, cualquier investigación relacionada con la presunta comisión de faltas o delitos por parte de un ministro debe seguir el procedimiento previsto en el Código Judicial y ser conocida por la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de la autoridad competente para esos casos.
La entidad sostuvo que este procedimiento busca garantizar el respeto al debido proceso y preservar las garantías que establece la legislación para este tipo de investigaciones.
La ANTAI también informó que todos los ministros de Estado han cumplido con la presentación de sus declaraciones juradas de intereses particulares, tanto al inicio de sus funciones como en las actualizaciones anuales que exige la normativa vigente.
Agregó que esa información permanece disponible para las autoridades competentes cuando sea requerida conforme al procedimiento legal correspondiente.
En su comunicado, la institución recordó que la Ley 316 obliga a los servidores públicos a declararse impedidos cuando exista un conflicto entre un interés personal y el interés público, una obligación que forma parte de los principios de transparencia, objetividad, honradez y rendición de cuentas que deben regir el ejercicio de la función pública.
Finalmente, la ANTAI reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la integridad en las instituciones del Estado y con la prevención de los conflictos de intereses, aunque dejó claro que, en el caso de los ministros, cualquier actuación corresponde ser evaluada por la Corte Suprema de Justicia.
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