APEDE alerta: Opacidad en contrataciones alimenta corrupción
La corrupción no solo ocurre cuando unos pocos se benefician del dinero de todos, sino también cuando el sistema responde con puertas cerradas.
Panamá, 31 de agosto de 2025. – En Panamá, la lucha contra la corrupción vuelve a ocupar titulares, esta vez por investigaciones vinculadas al mal manejo de fondos destinados a los sectores más vulnerables durante la pandemia. La reciente operación judicial reveló cómo una plataforma tecnológica, concebida para distribuir subsidios como el Vale Digital y el PASE-U, terminó convertida en un negocio privado a expensas de los ciudadanos.
Este caso demuestra que la opacidad en la gestión pública tiene consecuencias en la vida de miles de panameños y socava la confianza en las instituciones. Lo más grave es que las irregularidades no habrían salido a la luz sin la valentía de funcionarios, como Luis Stoute, exsubadministrador de la AIG que, desde adentro, decidió denunciar. Esa voz que se alzó es la prueba de que sí existen servidores públicos dispuestos a defender el interés colectivo.
La corrupción no solo ocurre cuando unos pocos se benefician del dinero de todos, sino también cuando el sistema responde con puertas cerradas. Los ciudadanos no tenemos derecho, desde 2021, a saber, quiénes son los dueños reales de las empresas que reciben contratos millonarios del Estado. Este velo de secreto, avalado por la Corte Suprema de Justicia, ha dejado abierta la puerta a negocios entre amigos, tráfico de influencias y el uso indebido del dinero de todos.
Esta situación explica por qué el país obtuvo apenas 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, según Transparencia Internacional. Un resultado que, más allá de los números, significa pérdida de inversiones, menos empleos y un retroceso en nuestra competitividad frente a la región.
Mientras tanto, en los tribunales siguen acumulados casos de alto perfil que el país exige ver resueltos. La justicia debe actuar sin excepciones; solo así se recuperará la credibilidad que hoy está en juego.
En este contexto, resulta alentador que en julio de 2025 el Procurador General de la Nación haya presentado un proyecto de ley con medidas que fortalecen la lucha contra la corrupción. Entre ellas se incluyen la ampliación de los plazos de prescripción, el uso de interceptaciones, operaciones encubiertas y compras controladas. APEDE considera que se trata de un paso en la dirección correcta. Pero advertimos que de nada servirá si la Asamblea Nacional no convierte esta propuesta en ley de manera urgente.
Desde APEDE reiteramos que la transparencia no es un accesorio, es una obligación. Los recursos públicos pertenecen a los panameños y el país no puede seguir bajo un sistema que protege más el secreto de los contratistas que el derecho ciudadano a fiscalizar. Es hora de elegir de qué lado de la historia quieren estar.
Giulia De Sanctis
Presidenta Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
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