Apede defiende sistema y presenta alegatos ante la CSJ por la Ley 429
Indican que esto pretende desmantelar la gobernanza en el servicio público de la Asamblea Nacional, alterando los estándares establecidos en nuestra Constitución.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) presentó un alegato de terceros ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la demanda de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley 429 de 18 de abril de 2024, al considerar que esto vulnera el Estado de Derecho.
Indican que esto pretende desmantelar la gobernanza en el servicio público de la Asamblea Nacional, alterando los estándares establecidos en nuestra Constitución.
Recalcan que la acción, que fue elaborada en representación de Apede, por el abogado constitucionalista Jorge Giannareas, se da en el marco de la demanda interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, para que se declaren inconstitucionales artículos que permiten otorgar permanencia automática a funcionarios con dos años de antigüedad, sin necesidad de concurso ni evaluación previa dentro de la carrera del Servicio Legislativo.
Giulia De Sanctis, presidenta del gremio empresarial, agrega que la Constitución panameña es clara al establecer que las carreras del servicio público deben regirse por el sistema de méritos, donde el ingreso, la estabilidad y el ascenso dependen del desempeño y de evaluaciones objetivas. “No se trata de un régimen de estabilidad laboral automática, sino de una carrera profesional al servicio del Estado, sujeta a reglas claras y verificables”, sostuvo.
El alegato presentado por APEDE advierte que la Ley 429 elimina el Consejo de la carrera legislativa sin crear un mecanismo alterno, y reemplaza los concursos y evaluaciones por una permanencia automática basada únicamente en la antigüedad. A juicio del gremio, esto abre la puerta a la discrecionalidad y desnaturaliza la esencia de la carrera pública
“La Constitución no permite que una ley borre de un plumazo el sistema de méritos. Se pueden hacer ajustes, reformas o mejoras, pero no eliminar el principio que protege la profesionalización del servicio público”, señaló Giannareas, quien considera que el caso es claro desde el punto de vista constitucional.
En este tema, la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda y actualmente se encuentra en la fase de análisis de alegatos de terceros, antes de avanzar hacia el proyecto de fallo. El Procurador General de la Nación al emitir su criterio recomendó declarar inconstitucionales los artículos cuestionados, al considerar que vulneran el sistema de méritos y crean privilegios injustificados dentro del servicio público.
Además, APEDE reiteró que su participación busca fortalecer el Estado de derecho, proteger la institucionalidad democrática y garantizar que las reglas del servicio público se mantengan alineadas con la Constitución, en beneficio del país y de la confianza en sus instituciones.
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