APEDE pide transparencia y consensos para decidir el futuro de la mina
El gremio empresarial considera que Panamá debe conocer las condiciones de una eventual reactivación minera, las garantías ambientales y los beneficios para el país. También pide atender a las familias afectadas por la suspensión de operaciones.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) pidió que las conversaciones entre el Gobierno y Minera Panamá sobre una eventual reactivación de la mina de Donoso se desarrollen con transparencia, participación ciudadana y garantías jurídicas, económicas y ambientales.
El gremio considera que el futuro del proyecto no debe decidirse sin explicar a la población qué beneficios recibiría el país, cuáles serían los costos y riesgos y qué mecanismos permitirían fiscalizar el cumplimiento de cualquier acuerdo.
El pronunciamiento, firmado por el presidente de APEDE, Alberto López Tom, se produce después de que el presidente José Raúl Mulino anunciara el pasado 16 de noviembre el inicio de conversaciones formales con la empresa minera.
APEDE plantea condiciones para negociar con la minera
La asociación señaló que el equipo interministerial encargado de las conversaciones, encabezado por el ministro Julio Moltó, deberá explicar cuál sería la figura jurídica del acuerdo y cómo se ajustaría a la Constitución y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023.
También planteó que cualquier negociación debe partir del reconocimiento de que los minerales del subsuelo pertenecen a la República de Panamá y garantizar que el Estado ejerza plenamente su soberanía.
Entre los aspectos que, según APEDE, deben quedar establecidos están la fiscalización de los ingresos estatales, su inversión en las comunidades cercanas y la verificación de los empleos que se generen para los panameños.
El gremio también considera necesario conocer cuánto material se extraería y cuánta agua se utilizaría, en caso de que la propuesta contemple nuevamente actividades de extracción.
Alertan sobre las obligaciones ambientales
Otro de los puntos planteados por APEDE es el cumplimiento de las obligaciones ambientales identificadas en la auditoría integral realizada en Donoso.
El pronunciamiento menciona deficiencias en la restauración ecológica y el monitoreo, además de riesgos relacionados con el material rocoso expuesto.
Por ello, considera que el plan de cierre debe incluir garantías financieras suficientes, plazos públicos y metas de restauración verificadas por terceros independientes.
La asociación también pidió que las comunidades cercanas tengan acceso oportuno a la información y participen desde el inicio de las discusiones, conforme a los principios del Acuerdo de Escazú.
Más de 30 mil empleos afectados por el cierre
APEDE también puso sobre la mesa el impacto económico y laboral que dejó la suspensión de la actividad minera.
Según un estudio del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) citado por el gremio, el cierre afectó a más de 30 mil empleos, entre operarios, técnicos, transportistas, trabajadores de pequeños comercios y empresas proveedoras.
La asociación advirtió que muchas familias del interior perdieron su principal fuente de ingresos y planteó que, mientras se define el futuro del proyecto, deben impulsarse alternativas laborales, capacitación y apoyo a los pequeños negocios.
El gremio sostuvo que la recuperación económica no puede depender exclusivamente de una decisión sobre la mina, sino que requiere la participación del Gobierno, la empresa privada y la ciudadanía.
APEDE apuesta por el turismo interno
Como parte de las alternativas para dinamizar la economía regional, la asociación destacó la llegada del verano y las festividades de Azuero como oportunidades para impulsar el turismo interno.
Su propuesta es promover las visitas a la región, el consumo en fondas y restaurantes, el hospedaje en establecimientos locales y la compra de productos a agricultores y artesanos.
APEDE considera que estas actividades pueden ayudar a que los ingresos circulen dentro de las comunidades y beneficien a las familias que dependen del comercio y los servicios.
Finalmente, el gremio hizo un llamado a que las conversaciones sobre la mina se desarrollen de cara al país, con información pública y participación de las comunidades, trabajadores, sectores productivos, organizaciones ambientales y especialistas.
La asociación reiteró su disposición a participar en los espacios de diálogo y sostuvo que cualquier decisión debe sustentarse en criterios técnicos, económicos, jurídicos, sociales y ambientales.
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