Apede rechaza ley que reglamenta cobro de estacionamientos

Apede rechaza ley que reglamenta cobro de estacionamientos

Apede rechaza ley que reglamenta cobro de estacionamientos

Por: Panamá / ACAN-EFE -

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), expresó hoy su rechazo a una ley recientemente aprobada por el Parlamento que reglamenta el cobro de estacionamientos en los centros comerciales y en los hospitales. A juicio de Apede, va "en contra de la libre empresa" en Panamá la aprobación parlamentaria, por insistencia, del proyecto de Ley 10, que ya había sido objetado por el Ejecutivo por "inexequible e inconveniente". La norma había sido aprobada por el Parlamento en enero pasado, estableciendo que el espacio de estacionamiento para el usuario es de libre de costo, por un período de hasta tres horas, en centros comerciales de cualquier tipo o entidad gubernamental donde se realicen compras, se adquieran bienes o se reciba algún servicio. "La libertad de empresa es reconocida en el marco de la economía de mercado y los poderes públicos deben garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad", expresó Apede en un comunicado. El proyecto de Ley 10 "delimitará y regulará prácticas abusivas al consumidor que limitan su libertad económica en el uso de estacionamientos privados destinados al uso público", indicó el Legislativo el martes pasado, cuando fue aprobada la norma en tercer y último debate. El órgano Legislativo explicó entonces que entre los artículos objetados por el Ejecutivo está aquel que "establece el derecho al espacio de estacionamiento, asumiendo que se viola el artículo 47 de la Constitución Nacional que detalla la garantía de la propiedad privada". El presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, Quibian Panay, sostuvo que "en ningún momento la propiedad privada es vulnerada". "Lo que se establece mediante la Ley 10 es la reglamentación del ejercicio de la actividad comercial, que bien se explica en el artículo 284 de la Constitución Nacional, cuando establece que el Estado intervendrá en toda clase de empresa dentro de la reglamentación que establece la Ley para hacer efectiva la justicia social", añadió el diputado. La Ley 10 aprobada por "insistencia" será enviada a la Corte Suprema de Justicia "para que deslinde sus planteamientos sobre su constitucionalidad", ha dicho el Parlamento.

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