¡Asamblea recula y tira papa caliente de Minera a la Corte Suprema!

La Asamblea Nacional desistió de derogar la ley 406 del contrato con Minera Panamá, que ha generado las mayores protestas callejeras en décadas, para que sea la Corte Suprema la que determine su futuro al fallar sobre demandas de inconstitucionalidad.

Con 63 votos a favor, 1 contra y 1 abstención, se aprobó en segundo debate la eliminación de los artículos 5 y 6 relativos a la derogatoria del contrato ley.

Mediante el consenso de los jefes de las distintas bancadas que componen la Asamblea y debates durante recesos que se extendieron por horas, se aprobó devolver esta normativa legislativa a segundo debate para atender los requerimientos sociales

El proyecto, además aprobó la moratoria minera de forma indefinida, lo que conlleva que el Ministerio de Comercio, no podrá otorgar concesiones para la exploración de minerales metálicos en el país.

Luego de esto, el presidente Laurentino Cortizo convocó a la Asamblea Nacional a nuevas sesiones extraordinarias desde hoy viernes 3 de noviembre de 2023, mediante Decreto Ejecutivo, para considerar el Proyecto de Ley No. 1110 de Moratoria Minera.

Cortizo anunció esta convocatoria al país a través de su cuenta de la red social X.

Ningún proyecto del Ejecutivo recibió 3er. debate

"Con la votación en segundo debate al proyecto de ley 1110 declaro clausurada esta tercera legislatura extraordinaria del período constitucional 2019-2024", dijo el presidente del Parlamento, Jaime Vargas, La votación definitiva debe darse hoy, tras el anuncio del mandatario.

A la postre ninguno de los proyectos propuestos por el Ejecutivo -el otro que era para una consulta popular el 17 de diciembre- para definir la suerte de la minera, fueron aprobados en tercer debate.

Al fin diputados se pusieron de acuerdo

El diputado Juan Diego Vásquez agradeció al pleno la capacidad que tuvo de lograr un consenso por los mejores intereses del país, al acoger las modificaciones propuestas y sacar del proyecto, la derogación de la ley 406.

Por su lado, el diputado Ariel Alba dijo que a pesar de que estuvo a favor de la derogación de la ley 406, el clamor de los panameños en las calles fue escuchado por la Asamblea y "será la Corte Suprema de Justicia la que declare su inconstitucionalidad dentro del marco del derecho.

Agregó que no es cuestión de buscar responsables ni culpables, sino de llegar a un entendimiento como país y por ello fue que “este Órgano del Estado se puso de acuerdo para respaldar la solicitud de todos los panameños".

De igual forma, el diputado Leandro Ávila explicó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia le dará al país la oportunidad de poder defenderse internacionalmente contra cualquier ataque económico que haga la empresa minera contra Panamá.

Ávila dijo que la Asamblea oyendo las voces en las calles incluyó la derogatoria de la ley 406, pero luego otros alegaron que sería un gran error y llevaría a un peor escenario a una especie bancarrota al país ante un arbitraje de la minera. Era un escenario difícil y complicado para complacer a sectores con diferentes opiniones, añadió.

El cambio de los diputados se dio al tiempo que sectores ambientalistas y expertos en Derecho alertaban que derogar el contrato ley vía legislativo, dejaba prácticamente indefenso al Estado frente a las previsibles reclamaciones de la empresa dado los términos del acuerdo.

Grupos ambientalistas que luchan contra esta concesión desde hace años aseguran que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que decida sobre el futuro del contrato minero mediante su fallo sobre los varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos.

Los activistas aseguran que el nuevo contrato adolece de los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por la Corte en el 2017, más de 8 años después de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentara un recurso en ese sentido.

Con el nuevo fallo de inconstitucionalidad, el Estado panameño tendría "el instrumento de protección más alto" y obtendría "una posición más ventajosa" frente a las demandas que se espera presenta la minera, dijo Lilian Guevara, del CIAM.

La derogatoria inmediata del contrato minero es exigida por el Suntracs y gremios docentes.

"Llamamos a mantener la unidad del pueblo en las calles y convocar un encuentro nacional de todos los dirigentes del movimiento social y popular para el 4 de noviembre", dijeron los sindicatos aglutinados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

Convenio con Canadá advierte indemnización

Una convenio de protección de inversiones pactado con Canadá mediante la Ley No. 39 de 14 de noviembre de 1997, establece que las inversiones o beneficios de los inversionistas, no podrán ser nacionalizados o expropiados, excepto en caso de finalidad pública, bajo el debido proceso legal, de modo no discriminatorio y mediante indemnización pronta, adecuada, y efectiva.

Tal indemnización se basará en el valor real de la inversión o de los beneficios expropiados inmediatamente antes de la expropiación o en el momento en que la expropiación propuesta se hizo de conocimiento público, lo que quiera que suceda primero.