Banca brinca y chilla ante propuesta de gravámenes para salvar jubilaciones

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP), brincó y cuestionó la posibilidad de gravar los préstamos y depósitos interbancarios internacionales, depósitos overnight, así como los costos de renovación y membresía de las tarjetas de crédito, como alternativa para fondear el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).

La banca que hasta octubre registró utilidades por $2,495.5 millones y mantiene depósitos por $109 mil millones, alega que esa propuesta tendrá el "efecto negativo de encarecer el costo de financiamiento de operaciones de crédito, lo que se traducirá en menor oferta de financiamiento a personas y empresas, quienes deberán pagar mayores costos por intereses más altos.

El gremio de los banqueros alega que la propuesta fue sorpresiva y que fue presentada sin estudiar previamente sus costos, ni sus consecuencias. Reclaman retirar la propuesta y realizar un estudio técnico, profundo y pausado al respecto.

Además, sostienen que la idea de gravar operaciones que surten efecto fuera del territorio nacional, pone en entredicho la certeza del principio de tributación territorial lo que llevaría a cuestionar la futura viabilidad del sistema de servicios internacionales de Panamá, pilar fundamental del modelo económico panameño.

Según la ABP, esa iniciativa de los diputados puede hacer cuestionar a los depositantes e inversionistas que han visto a Panamá como un lugar seguro para sus recursos a buscar alternativas o mudarse.

Por su parte, en un comunicado en conjunto del Banco Nacional y la Caja de Ahorros rechazan la propuesta de las bancadas de RM y Mixta, porque afecta directamente a los usuarios y representa un "un duro golpe a la competitividad del Sistema Bancario Nacional".

Además, alegan que los gravámenes que se plantean antes que resolver la grave crisis de la Caja de Seguro Social, constituye un impacto severo sobre el sector financiero y el bolsillo de miles de trabajadores, quienes se verían directamente perjudicados por tales medidas”.

La Caja de Ahorra y el Banco Nacional consideran que al ser gravados los préstamos y depósitos, “los bancos optarían por obtener dichos servicios en el exterior, lo que desplazaría de Panamá una actividad clave que mueve la economía y genera empleos”.