Califican de hito la nueva ley de Cabotaje

El presidente de la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), Rodrigo Hernández señaló que la recién sancionada ley de cabotaje representa un hito en la historia marítima de Panamá, al colocar al país al nivel del 80% de las naciones del mundo que tienen una legislación como esta, lo que traerá mayor seguridad jurídica para el empresario panameño, más empleo y una mayor recaudación para el Estado, ya que se acabará con la fuga de divisas que existía.

“Esta ley permea toda la actividad de cabotaje del país y sobre todo en las provincias y los segmentos que van desde cargas pequeñas, hasta las cargas grandes de aquellos armadores que traen ganado, pesca y productos agrícolas, hasta aquellos que trabajan en las industrias marítimas auxiliares a lo largo del canal y que prestan los servicios gracias a que tenemos una posición geográfica privilegiada”, apuntó Hernández.

La nueva ley de cabotaje otorgará mayor potestad a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), para regular el procedimiento de especies náufragas que son todas esas embarcaciones abandonadas o hundidas, además establece crear un fondo dirigido a sufragar los costos de custodios, mantenimiento, manejo de imprevistos y emergencias, prevención de procesos de contaminación y cualquier otro gasto que se estimen convenientes de todas esas naves declaradas con especies náufragas.

El presidente de ARPA sostuvo que esta ley también contribuirá con la protección del ambiente al brindar a la AMP va a tener las herramientas necesarias para poder remover estas naves, garantizando la seguridad de la navegación que es muy importante. Agregó que además esta normativa va a traer más negocios para Panamá, a nivel interno, porque el documento contiene un capítulo de banca naval, donde a partir de su entrada en vigencia los armadores panameños y todo naviero va a poder tener acceso al financiamiento en este rubro.

Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clement, indicó que la ley de cabotaje brindará una normativa legal para que se pueda competir de manera justa, con el panorama claro y no como lo que se está haciendo hoy en día.