Cámara Marítima rechaza aumentar tasas para financiar pensiones
La propuesta 491 plantea crear un fondo para apoyar a jubilados y pensionados, especialmente a quienes reciben ingresos bajos,
La Cámara Marítima de Panamá (CMP) rechazó el Proyecto de Ley No. 491, sobre todo por la idea de incluir nuevos cargos económicos al movimiento de contenedores y a servicios ligados a la actividad portuaria y logística.
La propuesta 491 plantea crear un fondo para apoyar a jubilados y pensionados, especialmente a quienes reciben ingresos bajos, buscando darles un alivio económico más estable.
Para financiarlo, se propone cobrar nuevas tasas al movimiento de contenedores y servicios portuarios, lo que implicaría que cada operación logística en Panamá tenga un costo adicional destinado a ese fondo social.
Para el gremio, el objetivo de apoyar a jubilados y pensionados es válido, pero advierten que no se puede cargar ese peso sobre sectores que ya compiten duro a nivel internacional.
Desde la CMP lo dejan claro: sí hace falta fortalecer la protección social, especialmente para quienes reciben ingresos bajos, pero eso debe hacerse con soluciones sostenibles, transparentes y bien pensadas.
Ven con buenos ojos la figura del fondo, siempre que se financie con recursos que ya tiene el Estado, y no con más cobros a la industria.
El problema, explican, es que Panamá no está solo en el juego. Compite con otros hubs de la región por la misma carga. Si subir el costo de mover contenedores se vuelve realidad, el golpe puede sentirse rápido: menos volumen, desvío de carga y pérdida de competitividad. Y eso no se queda solo en los puertos.
Según el gremio, también pondría en aprietos a pequeñas y medianas empresas que viven del movimiento marítimo: transportistas, agencias, talleres, suplidores, operadores logísticos, servicios técnicos y más. Todo ese ecosistema depende de que los barcos sigan llegando y la carga siga fluyendo por el país.
A eso se suma otra preocupación. La Cámara advierte que la propuesta necesita una revisión seria en lo jurídico, regulatorio y operativo. Hay dudas sobre cómo se implementaría, cómo se cobraría y si choca con normas vigentes del sector portuario y con las funciones de la Autoridad Marítima.
Por eso, piden frenar y mirar el tema con lupa. Exigen un análisis técnico real del impacto económico y competitivo antes de tomar decisiones que puedan debilitar la posición de Panamá como hub logístico internacional. Mientras tanto, dejan la puerta abierta: están dispuestos a sentarse a dialogar, pero con propuestas responsables y sostenibles para el país.
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