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Cámara no está contenta con hacerle trabajo a la DGI

Por: Eliécer Navarro Crítica -

La Cámara de Comercio de Panamá (Cciap) solicitó al director general de Ingresos, Publio Cortés, que posponga por 90 días la entrada en vigencia del Decreto 463 del 14 de octubre de 2015, emitido por la DGI, que obliga a las empresas que facturan más de $10 millones al año, a convertirse en agentes retenedores del 50% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).

Esto implica que las 166 empresas más grandes del país deberán retener la mitad del ITBMS en los cheques que pagan a sus proveedores, y reportarlo a la DGI, como una medida para que el Gobierno tenga forma de verificar el movimiento de ingresos de empresas más pequeñas en el país y así evitar la evasión.

El hasta ayer presidente encargado de la Cciap, Jorge García Icaza, destacó que el gremio está "muy preocupado" porque la implementación del decreto está planeada para el 1 de noviembre, y no hay tiempo suficiente para capacitar a todo el personal de las empresas y desarrollar los procesos para poder hacer manualmente cientos de retenciones en cada cheque y luego hacer el reporte a la DGI.

"La preocupación nuestra es que hay empresas que tienen 500, 300 proveedores, y hacer esta retención del 7% de forma manual es muy complicado y se presta para errores", sostuvo.

Las declaraciones de García Icaza se dieron, luego de una reunión en la sede de la Cciap en la que participaron Publio Cortés y directivos de la Asociación Bancaria de Panamá, pues según el decreto, los bancos también deben hacer de agentes retenedores, y reportar las transacciones de tarjetas de crédito.

En esa reunión se acordó que Publio Cortés asista mañana a la sede de la Cciap con los directivos de estas 166 empresas sobre el tema.

García Icaza se mostró confiado en que Cortés accederá a posponer la entrada en vigencia del decreto.

"Estamos de acuerdo que se hagan esfuerzos para asegurar que todas las empresas y ciudadanos paguen los impuestos establecidos, es lo correcto. Sin embargo nos preocupa que se le impongan mayores responsabilidades a la empresa privada, para hacer un cobro de impuestos que es deber del Estado. Por otro lado, los tiempos para implementar esta medida son imposibles y los costos que conllevará su implementación deben ser compensados por el Estado", expresó García.

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