Católicos y evangélicos piden nombres de los abusadores en los albergues

Autoridades de las iglesias católica y evangélica de Panamá rechazaron los abusos a menores en albergues supervisados por el Estado tras verse envueltos en el escándalo a raíz de denuncias de que "religiosos" embarazaron a menores y les obligaban a abortar.

Ambas comunidades, cada una por su lado, pidieron al Gobierno esclarecer los hechos y dar mayor protección a las víctimas de estos abusos, de lo que hasta el momento se desconoce si hay avances en las investigaciones o si hay medidas para amparar a los menores.

"Como iglesia, reiteramos nuestra tolerancia cero ante estos actos abominables, y nos unimos a las voces que exigen sancionar con rigor a los responsables", resalta un comunicado de la Iglesia Católica Panamá (Arzobispado).

Así, la comunidad católica señala que es consciente de que hay "personas con intenciones malsanas -que- se infiltran en los lugares donde la niñez es vulnerable", por ello como nación se debe "propiciar a la reingeniería que haga posibles instituciones que garanticen mecanismos más estrictos".

En concreto, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, se reunió este jueves con encargados de albergues católicos para reflexionar sobre la situación actual.

"Queremos que se lleguen hasta las últimas consecuencias de esta investigación", sentenció Ulloa.

 

Por su parte, la iglesia evangélica se desligó de "todo tipo de delito sexual o de cualquier índole que se haya cometido", dijo el pastor Orlando Quintero del "Ministerio de la Unción" de Panamá, una comunicad religiosa.

Quintero pidió, en nombre de los evangélicos, que se hiciera público la identidad de esos "pastores" que cometieron los abusos, así como de los "empresarios y políticos" vinculados.

Hace dos semanas, una subcomisión parlamentaria destapó un escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos a decenas de menores de edad desde 2015 en albergues bajo la supervisión del Estado.

En concreto, la diputada del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRC), Zulay Rodríguez, dijo a EFE que "los abusos los cometían los mismos internos" en los albergues y que también hay "niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos".

Aunque los albergues estén supervisados por el Estado, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), están administrados por ONG y fundaciones, muchos de los cuales subsidios públicos.

La Fiscalía ya inició una investigación de oficio el pasado 12 de febrero y añadió el informe parlamentario a la indagaciones. Según adelantó a EFE la propia Fiscalía, se investigarán los 54 albergues de todo el país que están bajo responsabilidad estatal.

Los hechos han provocado una ola de indignación social desde hace semanas con manifestaciones en todo el país para exigir justicia y mostrar su repudio ante lo sucedido, y aumentaron tras las escuetas declaraciones del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quien pidió el máximo castigo para los responsables.

El escándalo le ha costado el cargo al fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, quien ayer anunció su "renuncia irrevocable".