Colegio de Abogados no puede castigar ignorancia del Derecho

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia participaron en el anteproyecto de ley que reforma de la Ley 9 de 1984, que reglamenta la profesión de abogado, que contempla establecer un examen de profesional, como requisito indispensable para otorgar la idoneidad a los nuevos abogados. Así lo reveló el Presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) José Alberto Álvarez, en un escrito denominado Anotaciones para el Examen Profesional, distribuido entre los miembros del gremio forense. “Desde febrero de 2014, hemos venido promoviendo, en conjunto con la Corte Suprema de Justicia, la discusión de un proyecto de ley para modificar la ley 9 de 1984”, añadiendo que por parte de la Corte Suprema participaron Magistrado Luis Ramón Fábrega, como presidente de la Comisión encargada de la elaboración del proyecto; y Katya Rosas, Secretaria de la Sala Tercera, como secretaria. Álvarez señaló entre las razones para que se de este examen el hecho que “Administradores de Justicia se quejan que a veces ni entienden los escritos que se les presentan”. Álvarez afirmó “el Colegio Nacional de Abogados no puede castigar la ignorancia del Derecho” que muchas acusaciones ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados por falta a la Ética, no faltas, sino desconocimiento de las normas legales. “Eso no es falta a la ética, es mala práctica”, afirmó. Igualmente atendió el hecho que las universidades están graduando abogados en menos de cuatro años sin examen de grado y otros requisitos académico. Señaló que el proyecto ha sido consultado, igualmente informó que la Escuela Judicial, que se propone para hacer los exámenes de suficiencia, pasara pronto a llamarse “Instituto Superior de la Magistratura, Dr. César Quintero” y que se está próximo a hacer la solicitud en ese sentido al Ministerio de Educación (Meduca). Consideró que “Conceder a alguna de las Universidades la prerrogativa de tomar el examen es crear un privilegio en contra de las otras universidades.” Álvarez desmintió que el examen tenga un costo elevado, de 200, 300, 700 balboas y aseguró que su costo será muy “nominal” y que quedara a cargo de Consejo Evaluador, en donde participan representantes de las universidades. “Es decir, nada se hará sin consultar las universidades”, señaló. Dijo que es falso que se pretenda reducir el número de abogados y que tampoco se busca traficar influencias ya que el examen se hará con profesores distintos y no se sabrá de qué universidad es el estudiante.