Compensaciones por envenenamiento con dietilenglycol son insuficientes
Según datos de las víctimas, se estima que más de 800 personas han muerto y más de 1.000 padecen secuelas crónicas, pero "al final (...) van a ser incuantificables" los afectados, declaró Pascual.
Las primeras compensaciones, de 25.000 dólares, dictadas en años para víctimas del envenenamiento masivo en Panamá con un jarabe producido por el seguro social entre 2004 y 2006, que dejó cientos de muertos, son insuficientes y desconocen la realidad de estas personas que sobreviven con secuelas, muchas graves.
Así lo afirmó a EFE el presidente del Comité de familiares por un derecho a la salud y la vida (Cofadesavi), Gabriel Pascual, una asociación que agrupa a las víctimas y que promete llevar el caso a instancias internacionales en busca de justicia.
El jarabe para la tos elaborado y distribuido por la Caja del Seguro Social (CSS) entre 2004 y 2006 resultó tóxico por contener dietilenglicol, un refrigerante industrial. Provocó una de las peores tragedias de su tipo en el mundo y dejó al descubierto una cadena de suministros plagada de falsificación y negligencia, según organismos internacionales.
Según datos de las víctimas, se estima que más de 800 personas han muerto y más de 1.000 padecen secuelas crónicas, pero "al final (...) van a ser incuantificables" los afectados, declaró Pascual.
"Entre 2004 y 2006, el Comité reconoció más de 400 personas fallecidas. Sólo en lo que va de año han muerto seis", aseguró Pascual, que perdió a su abuela (2006) y a su padre (2009) a causa del envenenamiento.
El activista recordó que fueron 220.000 envases elaborados con el medicamento venenoso y 110.000 recetas entregadas a pacientes en todo el país.
En el Ministerio Público hay un expediente con 15.000 nombres, que incluye datos como la cédula, el lugar donde recibieron el medicamento y la fecha. No todos enfermaron, y no todos los afectados han denunciado su situación.
Una compensación injusta e insuficiente
La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó el pasado 20 de abril de un fallo que ordena el pago de 25.000 dólares por daños morales a cada una de tres víctimas, que pedían 6 millones de dólares por daños y perjuicios.
Pascual afirmó que al Comité le "preocupa" que esta compensación se tome como base para el resto de casos en trámite, que suman 472 procesos.
Se trata no solo de una cifra irrisoria, sino de un fallo que, según las víctimas, desconoce el drama de quienes viven con secuelas físicas, neurológicas y psicológicas, además de enfrentar discriminación laboral y bancaria, pese a existir una ley que los protege.
Pascual recordó que en 2017 la misma Sala estableció un precedente clave, al declarar la responsabilidad de la CSS, y que en 2021 ordenó el pago de 188.897 dólares a dos víctimas.
Según Cofadesavi, se han presentado 562 demandas por un monto de 302,5 millones de dólares, que incluyen lucro cesante, daño moral y psicológico.
Y ante lo que consideran compensaciones injustas, el Comité advierte que no se quedará quieto.
"El mensaje (...) es que vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a recorrer todos los mecanismos necesarios para lograr una compensación digna y decorosa para quienes hoy siguen sufriendo por ese envenenamiento", agregó Pascual.
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