Conexión Moore recibió millones para salvar a Francolini-Mizrachi

La Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada facilitó que detrás de su investigación por el llamado caso New Business, se creará una conexión ilegal entre abogados e imputados, con la finalidad de tratar de inculpar a Ricardo Martinelli de blanqueo de capitales, en momentos políticos en el que éste marcha como favorito en todas las encuestas de opinión para ser Presidente de Panamá.

Detrás de la jugada judicial para sacar a Martinelli de competencia se habrían movido más de $4 millones en pagos irregulares a favor de abogados y sus conexiones con la fiscalía encargada del caso, a través de un mecanismo encabezado por William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore, y respaldado por Riccardo Francolini y Henri Mizrachi.

Esta estructura irregular, que penetró al Ministerio Público, tomó forma en agosto de 2020 cuando Francolini convenció a Mizrachi de establecer contactos con el abogado William Moore, por recomendación implícita de otro abogado, David Díaz, el antiguo subsecretario general de la Procuradora, Kenia Porcell.

Díaz aún tenía sus lazos de poder dentro del Ministerio Público y mantiene enemistad con Martinelli. Es así que Francolini y Mizrachi lograron entablar un acuerdo económico con Moore, con la promesa de que serían exonerados del caso, a cambio de inculpar a "El Loco" de la comisión de un supuesto delito en una transacción comercial que cumplió con todos los requisitos.

La participación de Francolini y Mizrachi incluyó convencer a otros ocho implicados que participaron de la compra del grupo Epasa en 2010, para que cambiaran su versión de los hechos y ahora hicieran señalamientos directos contra Martinelli, sin tener las pruebas y tal como ha salido a relucir en el juicio que lleva la jueza Baloisa Marquínez.

Francolini buscó a todos los que podían rebatir su nueva versión y los agrupó para señalar a Martinelli.

Francolini logró que se reemplazara su nombre por el de Martinelli durante todos sus relatos sobre la compra de Epasa por medio de la sociedad New Business.

Cuando Moore logró entablar el trato con Francolini y Mizrachi, el fiscal Emeldo Márquez asignó al fiscal suplente Gilberto Arona para que le diera formalidad al plan dirigido a incriminar a Martinelli. Para ese entonces ya corría dinero al punto que Moore, a través de su compañera sentimental, montó un restaurante bar en el sector de Ancón, llamado Fulo’s.

Moore designó a su asistente, el abogado Ricardo Gómez, como el enlace con el fiscal Arona. Incluso durante las negociaciones clandestinas, Gómez alardeó frente a los imputados de hacer llamadas al fiscal Arona, para destacar sus conexiones.

En su momento, el abogado Eduardo Pinnock, solicitó al jefe del Ministerio Público, Javier Carvallo, que abriera una investigación de manera oficiosa por el tema de los movimientos del abogado Moore, pero el llamado fue ignorado.

Fuentes que estuvieron vinculadas a las reuniones de este grupo, señalaron que Francolini llegó a confesar a algunos de los imputados que a él le había tocado pagar $500 mil por su acuerdo a través de esta estructura. Mizrachi también habría desembolsado importantes sumas de dinero.

El 23 de septiembre de 2020, Mizrachi logró que la Fiscalía lo excluyera de la lista de imputados para quedar como testigo protegido bajo la clave FECDO-01-2020 y rindió su primera ampliación de declaración haciendo señalamientos contra Martinelli, pero sin presentar ninguna prueba.

Igualmente, el 22 de octubre Francolini fue excluido como imputado y se convirtió en el testigo protegido FECDO-10-2020 de la fiscalía.

Entre los señalamientos que tuvo que hacer Francolini para que se le reconociera su acuerdo como testigo protegido se encuentra la siguiente oración: “me tocó presenciar cuando Ricardo Martinelli contactó a diversos contratistas del Estado panameño (Transcaribe Trading, Excavaciones del Istmo y grupo Clio) a quienes le pidió aportes para poder concluir la compra de este medio de comunicación”.

Al resto de los imputados atendidos por Moore también recibieron acuerdos de colaboración y se les levantó la imputación para el juicio.