Contraloría audita empresas socias tras caída de dividendo para el Estado
“Para mí era incongruente ver cómo se reducía la participación del Estado en esos ingresos mientras el país crecía”, sostuvo.
La Contraloría General de la República abrió auditorías a dos empresas donde el Estado panameño mantiene participación accionaria, luego de detectar una caída en los dividendos que recibe el país por esas inversiones.
El contralor Anel Flores explicó que la revisión busca analizar la relación entre el Estado y sus socios privados, después de notar que los ingresos que recibe Panamá de esas compañías han ido disminuyendo con los años.
Las cifras encendieron las alertas. En 2015 el Estado recibió 115 millones de dólares en dividendos, pero para 2024 esa cantidad bajó a 83 millones, a pesar de que durante ese mismo periodo la economía panameña creció alrededor de 30 mil millones de dólares.
“Para mí era incongruente ver cómo se reducía la participación del Estado en esos ingresos mientras el país crecía”, sostuvo el contralor en TVN-2 al explicar por qué se ordenaron las auditorías.
Flores señaló que el objetivo de estas revisiones es determinar cómo se están manejando las utilidades en empresas donde el Estado es socio, y verificar si los ingresos que recibe el país corresponden realmente a su participación.
Fiscalizaciones abiertas
Mientras avanzan esas auditorías, la Contraloría de Panamá también mantiene otros procesos de fiscalización abiertos en distintas instituciones públicas.
Entre ellos están las auditorías a gobiernos locales, de las cuales varios expedientes ya fueron enviados al Ministerio Público, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.
“Tenemos muchas auditorías concluidas en el Ministerio Público. No se trata de meter gente presa por meter gente presa, sino de verificar con certeza si hubo mal uso de los dineros públicos”, señaló.
Los ojos siguen puestos en la Asamblea
La entidad fiscalizadora también mantiene vigilancia sobre la Asamblea Nacional, donde se revisa el manejo del presupuesto, la cantidad de funcionarios contratados y el sistema de control de asistencia dentro del Legislativo.
Indicó que incluso se pidió una opinión a la Procuraduría de la Administración sobre las excepciones que permiten que algunos funcionarios no tengan que marcar entrada o salida.
Según el contralor, una vez exista ese criterio legal, la institución podrá definir medidas para fortalecer los controles en la asistencia del personal de la Asamblea.
Flores indicó que se ha observado un aumento en la cantidad de funcionarios, aunque aclaró que esto no necesariamente significa salarios más altos, ya que muchos de los nuevos contratos corresponden a puestos con remuneraciones menores.
“El que no marca, no cobra. No creo que nadie pueda decidir quién marca y quién no”.