Contrataciones Públicas aprueba blindado de $70 mil por mes
La DGCP había cancelado la licitación, aduciendo que la empresa contratada no contaba con trayectoria y que otras compañías ofrecían el servicio a un menor costo, pero...
Pese a las supuestas irregularidades que desde un principio rondaron el alquiler de un vehículo tipo SUV blindado para la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) autorizó la contratación mediante proceso excepcional con la empresa Inspiration Holding Group, Inc., por un monto de $70, 620.00.
La DGCP, previamente, había cancelado dicha licitación aduciendo que la empresa contratada no contaba con trayectoria comprobada y otras compañías ofrecían el servicio a un menor costo, pero, tras evaluar la documentación presentada por la CSJ, se procedió a la autorización.
Según la entidad, la autorización tiene entre sus sustentos tres cotizaciones aportadas por la CSJ para justificar el monto de la contratación de un servicio que recibió anticipadamente del 31 de enero al 1 de marzo.
No obstante, aclararon que la Contraloría tiene la potestad de fiscalizar el uso de estos fondos antes de aprobar el refrendo.
“La presenta autorización es el resultado de la evaluación de los hechos expuestos en el informe técnico fundado, las especificaciones técnicas de la contratación, la propuesta técnica y económica del proveedor, la disponibilidad presupuestaria, la justificación del periodo contractual, y demás documentos aportados por la entidad solicitante”, detalla el escrito dirigido a López.
Recientemente, la CSJ fue cuestionada por la fecha de esta cotización, ya que, el documento señala que fue realizada en 2024, y no en 2025, cuando se perpetró el supuesto atentado en contra de López. Sin embargo, mencionaron que esta inconsistencia se debe a un “error humano”.
La Corte Suprema de Justicia, las últimas semanas, ha estado en vuelta en múltiples escándalos que van desde la creación de un fondo de jubilación especial hasta la adquisición de un seguro privado.
Aunque los magistrados dejaron sin efecto este beneficio, la ciudadanía sigue a la expectativa porque aseguraron que el acuerdo podría ser retomado cuando las condiciones económicas del país mejoren.
La entidad reiteró que no renunciará a su autonomía presupuestaria, ya que, la Constitución le otorga la facultad de distribuir sus recursos como considere, además de que es la única entidad que puede declarar la ilegalidad de este acuerdo.
“Cualquier expresión o consideración sobre inconstitucionalidad, solo representa una opinión, aunque provenga de miembros de otros órganos del Estado.
En ese sentido, el Pleno reafirma su facultad y atribución exclusiva para controlar los actos y comportamientos de cualquier autoridad o servidor públicos”, indica el comunicado.
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