De la familia de José Raúl Mulino al país

Las declaraciones de los principales testigos que presenta la Fiscalía Tercera Anticorrupción en el caso del exministro de Seguridad José Raúl Mulino, se reducen a señalamientos técnicos y circunstanciales, no así a argumentaciones categóricas, más allá de la duda, que justifiquen la detención del exfuncionario. Carlos Terrientes Guzmán, Edberg Eliécier Rodríguez Jaramillo y Joe Laniado Morales, todos del SENAN aseveran, según las publicaciones de los medios que: “los radares se utilizaron por un año, pero nunca se incautó de ninguna lancha de narcotraficantes con el sistema”; las pruebas (…) dieron como resultado un alcance promedio que estaba lejos de cumplir con las especificaciones del contrato. ¿Por qué no se capturó una sola lancha? ¿Por qué se estaba lejos de cumplir con las especificaciones del contrato? Lo que ninguna de esas declaraciones dice es que los radares forman parte de un sistema conformado por 18 unidades y un mapa digital que se complementan con las acciones de lanchas patrulleras, helicópteros y patrullas, y que la evaluación de dichos aparatos es imposible al margen de esas condiciones. Contradictoriamente, mientras que en sus últimas declaraciones a telemetro canal 13 el ministro de Seguridad Rodolfo Aguilera aseveró que en el SENAN nadie sabe nada de radares, la fiscalía anticorrupción apoyó sus descargos en tres funcionarios que no dicen categóricamente que los radares no sirven, pero tampoco dicen lo contrario. Aseguran que no fueron tomados en cuenta para el proceso de instalación de los equipos pero admiten que participaron de giras internacionales, y el propio “Rodríguez declaró que fue capacitado por Selex para el uso de los radares”(La Prensa, 11 de nov 2015). ¿En qué quedamos?” Las declaraciones de los tres funcionarios son utilizadas para demostrar la supuesta omisión de SENAN en el proceso de instalación de los radares, a la vez que los propios testigos admiten que recibieron entrenamiento para tal fin. ¿No incurre la Fiscalía en un contrasentido? Los tres testigos que presenta Zuleika Moore revelan problemas técnicos y de garantía en el funcionamiento de los aparatos, para lo cual los contratos incluyen una cláusula de garantía, que vincula los pagos al cumplimiento de la misma. Es decir si no estás al día en los pagos, la garantía no se aplica. Por lo que Mulino no incurrió en delito alguno al autorizar el pago. Lo más irónico del tema es que llegado al cargo, el propio ministro Rodolfo Aguilera también autorizó los pagos, pero en ese caso la fiscal no señala ni peculado ni incumplimiento con el deber del titular. ¿Por qué es válida la acusación para uno y para otro no? Por lo demás, la fiscal no ha acreditado el cargo de peculado que le acredita a Mulino: ¿dónde están las cuentas bancarias, dónde están las propiedades o donde están las inversiones? La fiscal le debe esa explicación a la opinión pública y sobre todo al imputado. En otra parte las publicaciones de este día hablan de la “vinculación directa de Mulino con la instalación de los Radares” como si fuera el descubrimiento clave de un gran delito, cuando resulta obvio que estaba vinculado precisamente por ser ministro. Dónde está el delito al girarle instrucciones a su vice ministro para que se encargara del proceso de instalación? Garúz dijo la verdad, él no ha mentido, pero ¿en qué país del mundo es delito girarle una instrucción a un subalterno? Un extraño manejo de la información parece buscar intencionalmente situar a Mulino como culpable de un delito que no se ha probado; como responsable de contratos que Mulino no negoció, y que firmó por autorización de gabinete. Es claro que algo falta en el proceso, y que como está formulado el Ministerio Público necesita de la manipulación informativa para seguir adelante.