Defensor del Pueblo declara a juez de paz como funcionario hostil y entorpecedor

La entidad puso en conocimiento al Procurador General de la Nación por la posible comisión de un delito contra la Administración Pública, en su modalidad de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los servidores públicos.
Defensor del Pueblo declara a juez de paz como funcionario hostil y entorpecedor

Por: Redacción / Web -

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, iformó que basado en  la resolución No. 2427e-2020 de 8 de abril de 2021, han decidido considerar al Juez de Paz de la Casa de Justicia comunitaria de Paz de Pacora, Hedilberto González, como hostil y entorpecedor, esto al obstaculizar la investigación de la entidad, por  la negativa injustificada de colaborar con esta institución al no responder tres solicitudes de informes realizados por la institución.

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De la misma manera la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento al Procurador General de la Nación por la posible comisión de un delito contra la Administración Pública, en su modalidad de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los servidores públicos.

Además, interpuso una acción de Habeas Data ante el Órgano Judicial por la renuencia injustificada del Juez de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Pacora, al no enviar la información requerida por este despacho y comunica a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, (ANTAI) que Hedilberto González, ha incurrido en el incumplimiento notorio sobre el derecho de acceso a la información y de las disposiciones tipificadas en la Ley de Transparencia.

De la misma manera, se ordenó también que la presente Declaratoria de Entorpecedor aparezca en el informe anual que se presentará a la Asamblea Nacional de Diputados y se publicará en un medio de difusión nacional.

De acuerdo al numeral 1 del artículo 4 de la ley 7 de 5 de febrero de 1997, por la cual se crea la Defensoría del Pueblo, entre sus atribuciones está investigar los actos y omisiones de las autoridades y de los servidores públicos que impliquen violaciones de los derechos constitucionales así como aquellos previstos en tratados, convenios y declaraciones internacionales suscritos y ratificados.

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