Denuncian favoritismo de fiscales hacia La Prensa, ahogada en reveses judiciales

La decisión de la jueza de garantías Marlene Gómez de reabrir la investigación contra Rolando Rodríguez B., periodista y directivo del diario La Prensa, por los presuntos delitos de calumnia, injuria y violencia sicológica en perjuicio de la abogada Odila Castillo, se produce en momentos en que ese medio enfrenta varios reveses judiciales derivados de publicaciones periodísticas, con fallos civiles que han ordenado el pago de indemnizaciones.

La jueza Gómez revocó el archivo provisional dispuesto por el Ministerio Público dentro de la querella presentada por Castillo, al considerar que la Fiscalía no agotó diligencias consideradas esenciales antes de concluir que los hechos denunciados no constituían delito.

La acción judicial tiene como origen la publicación del 13 de noviembre de 2024 titulada “FBI alertó de posible caso de corrupción ligado a Odilia Castillo”, así como una serie de portadas del diario que, según la defensa de la abogada, le atribuyeron supuestos actos ilícitos relacionados con cobros de comisiones a contratistas del Estado.

Durante la audiencia, la defensa de Castillo sostuvo que la información publicada se sustentó en una carta atribuida al FBI y en versiones de terceros, pero alegó que documentos incorporados al expediente desvirtuaban parte de los señalamientos divulgados por La Prensa. Además, afirmó que la cobertura periodística afectó la honra y estabilidad emocional de su representada.

La jueza Gómez señaló que el Ministerio Público no podía cerrar la investigación sin practicar todas las diligencias necesarias y recordó que la libertad de expresión tiene límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales como el honor y la reputación.

El abogado Kevin Moncada Luna cuestionó el desempeño de algunos despachos de la Fiscalía y pidió una depuración dentro de la institución.

“Hay ciertas unidades de fiscales que fungen como tentáculos de grupos de un sector específico del poder económico, por lo que trabajan para proteger intereses de dicho sector (...). El Ministerio Público debe realizar investigaciones para detectar a estos fiscales y depurar la institución”, afirmó Moncada Luna.

Rodríguez ha enfrentado varias acciones judiciales relacionadas con publicaciones periodísticas, algunas de las cuales han derivado en condenas contra La Prensa y su empresa editora.

Algunos fallos adversos contra La Prensa

La reapertura de este proceso penal ocurre mientras La Prensa acumula una serie de fallos civiles desfavorables por publicaciones que han sido cuestionadas ante los tribunales.

Uno de estos casos corresponde a la demanda presentada por Dan Daniel Vásquez Atencio, que culminó con una sentencia firme confirmada incluso en casación, mediante la cual se ordenó al medio pagar más de B/.41 mil en concepto de indemnización y gastos judiciales.

También figura el proceso promovido por Marta Linares de Martinelli, en el que se confirmó la responsabilidad civil del diario y se estableció un pago de B/.3,750, luego de que el monto inicial fuera reducido en la etapa de apelación.

Otro antecedente es el proceso impulsado por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien obtuvo una condena contra el medio por una publicación considerada injuriosa, con una indemnización de 5 mil dólares por daños morales.

A estos litigios se suma la demanda presentada por el excampeón mundial de boxeo Roberto “Manos de Piedra” Durán, uno de los casos de mayor impacto económico para la empresa editora y citado en los debates sobre los límites entre libertad de expresión, derecho al honor y protección de la imagen.

Con la decisión de la jueza Gómez, La Prensa enfrenta ahora una nueva etapa judicial en la vía penal, mientras mantiene antecedentes de condenas civiles relacionadas con su actividad periodística.

Por otro lado, durante el escándalo relacionado con Annette Planells, La Prensa emitió un comunicado en el que se desvinculó de las supuestas extorsiones atribuidas a su presidenta y miembro de la junta directiva, señaladas en publicaciones del medio digital Foco.

Planells fue calificada como “extorsionadora” por el embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera, quien además señaló la importancia de dejar sin efecto el reconocimiento que recibió como campeona anticorrupción.