Denuncian y piden separación de jueza Baloisa Marquínez
La abogada Shirley Castañeda presentó una denuncia en contra de la juez Tercera Liquidadora de Causas Penales de Panamá, Baloisa Marquínez, por infracciones de la Ley 53 de 27 de agosto 2015 y al Código de Ética Judicial, por lo que pide su separación del cargo.
Castañedas sostiene que la jueza incumplió sus deberes injustificadamente y las decisiones judiciales cuya ejecución tenía encomendada en un proceso contra el candidato presidencial Ricardo Martinelli.
La juez Marquínez transgredió el Derecho vigente al realizar gestiones de notificación de audiencias y asignar defensor público dentro de un proceso suspendido, en el cual la parte procesada no puede actuar, porque la funcionaria suspendió el proceso.
A pesar de esto, la juez actúa dentro del proceso sin las limitaciones de la resolución judicial que ella misma dictó.
“Baloisa Marquínez, mediante Auto Vario N°375 de 2 de agosto de 2022, en su parte resolutiva: levantó suspensión de la tramitación del proceso seguido a RicardoMartinelli, ordenó la prosecución del negocio penal seguido al ex presidente y mantuvo como fecha para la celebración de audiencia preliminar alterna el día 12 al 30 de septiembre de 2022, así como mantuvo la designación del Licenciado Ricardo Mazza Moreno, como defensor de oficio alterno”, indicó la defensa del exmandatario.
Cabe indicar que el punto 1 de la parte resolutiva del Auto Vario N°375 de 2 de agosto de 2022, levanta la suspensión del proceso y al mismo tiempo el punto 3 dice mantener vigentes actuaciones procesales realizadas durante la vigencia de la suspensión del proceso.
La defensa denuncia que al generar estos actos procesales, la jueza Marquínez, dejó en indefensión a Martinelli y a la merced de sus actuaciones, ya que su apoderada judicial no tenía ningún mecanismo legal para accionar en un proceso que en teoría estaba suspendido, quebrantando los numerales 7, 8, 11, 13 del artículo 119 y el numeral 2 del artículo 191 de la ley 53 de 27 de agosto de 2015.
Castañeda en su denuncia pide darle el trámite correspondiente para que se inicien las investigaciones necesarias y que sea declarada administrativamente responsable por incumplir injustificadamente las decisiones judiciales.
También se pidió que Marquínez sea suspendida del cargo que ocupa y se le impida conocer de cualquier caso de Martinelli, durante el tiempo que duren las investigaciones administrativas.
Se denunció que Marquínez no debió ni podía haber fijado fecha de audiencia penal para una persona que mantiene vigente un fuero penal electoral del Tribunal Electoral. Tampoco podía designar un defensor de oficio teniendo en cuenta que en dicho expediente reposa poder de defensa técnica privada a favor de Martinelli.
Explica que la resolución del 22 de marzo de 2022, del Tribunal Electoral resolvió no autorizar el levantamiento del fuero penal electoral, hecho que mantiene la suspensión del proceso penal conforme a los artículos 266 y 267 del código electoral.
“Con el citado acto la jueza Marquínez, infringió el numeral 2 del artículo 191 de la ley 53 de 27 de agosto de 2015, constituyéndose esto en una falta grave en el ejercicio de su labor de juzgadora” concluyó.
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