Diputado PRD recula con proyecto pico y placa

El diputado Víctor Castillo, anunció que el proyecto de Ley 528 que busca limitar la circulación de vehículos en base a la numeración de placas en los distritos de Panamá, Arraiján y La Chorrera, será archivado.

Castillo indicó que por la viabilidad del tema para que no se convierta en “morbo”, ve pertinente archivar este proyecto hasta que se hagan las consultas posteriormente.

“En ese sentido queremos que la gente no sienta que queremos controlar que no saquen su carro a la calle, al contrario, después que pase la pandemia el tema del Covid-19 va a dejar muchos arrastres, estrés, ansiedad, aunado a todas las enfermedades crónicas y a toda clase problemas que tenemos en nuestro país, va a traer un caos y les tocará a las autoridades pertinentes hacerlo”, explicó el diputado.

Dijo que una vez archivado el proyecto de Ley 528 se realizarán otros estudios en torno al tema, pero aclaró que no son proyectos de capricho de ninguna clase, son proyectos de darle a la ciudadanía la salud, “que queremos que la ciudadanía se sienta tranquila”.

Además, dejó claro que en la subcomisión que habían conformado para iniciar las consultas, jamás se habló de una aprobación de nada.

“Se hablaba de una movilidad limitada entre Panamá Oeste y la ciudad Capital y se hablaba de horas picos de la ciudad, mañana, tarde, se iba a someter a que la ATTT dijera cuándo se iba a hacer esa movilidad limitada, por ejemplo, en pandemia no debería existir una movilidad limitada, pero una vez se levante la pandemia y que cada quien agarre su vehículo, todo eso tenemos que ver”, detalló el diputado.

El proyecto pretendía que se circulara en base al último número de placa de la siguiente manera: Los lunes, miércoles y viernes los vehículos particulares con placa terminada en O, 2, 4, 6 y 8; y los días martes, jueves y sábado vehículos particulares cuyo último número de placa fuera 1, 3, 5, 7 y 9.

Esta medida hubiese sido de aplicación en horario de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.

La Ley no sería aplicable a los vehículos propiedad del Estado, así como los vehículos utilizados para el transporte público colectivo y selectivo, el transporte colegial, el transporte comercial, el transporte de carga, el transporte de turismo, el transporte privado de lujo y los vehículos que transporten personas con discapacidad.