El niño de Pedasí murió y ahora la pregunta es: ¿Quién debió protegerlo?
Suky Yard advierte que, si las autoridades conocían las denuncias de maltrato, debe investigarse qué hicieron para proteger al menor y a sus hermanos.
La muerte de un niño de 10 años en Pedasí, ocurrida la noche del pasado jueves, abrió nuevas preguntas sobre la protección de los menores y la actuación de las instituciones que tenían conocimiento de la situación familiar.
La abogada especialista en derecho de familia Suky Yard considera que la investigación debe establecer si las autoridades recibieron denuncias o alertas sobre presuntos maltratos y, de ser así, qué medidas adoptaron para proteger al niño y a sus hermanos.
“La pregunta sería qué dejaron de hacer y que hoy le ha costado la vida a un niño de 10 años”, expresó Yard durante una entrevista con Crítica.
Las señales que estaban sobre la mesa
Yard asegura que el menor habría hablado sobre lo que estaba viviendo.
Ese elemento cobra especial relevancia porque permitiría establecer si existieron señales de alerta antes de la tragedia y quiénes tuvieron conocimiento de ellas.
La especialista sostiene que, cuando existe un menor en una situación de posible riesgo, la respuesta no puede quedar atrapada en trámites o procesos burocráticos.
A su juicio, lo primero debía ser garantizar la seguridad del niño y colocarlo en un ambiente donde estuviera protegido.
Denuncias y vecinos que sabían
Uno de los aspectos que rodea el caso son las versiones de familiares y residentes de Pedasí, quienes aseguran que la situación de los menores era conocida en la comunidad.
Yard también menciona que, según los testimonios que ha recibido, se habrían presentado denuncias ante las autoridades.
De confirmarse esas versiones, habrá que establecer qué información llegó a las instituciones, qué medidas se tomaron y qué ocurrió después de esas alertas.
La abogada considera especialmente importante revisar el papel de las autoridades encargadas de la protección de los menores.
¿Maltrato, abandono o negligencia?
La sostiene que no puede descartarse que detrás de lo ocurrido existieran situaciones de maltrato, abandono o negligencia.
Sin embargo, recalcó que no corresponde adelantar conclusiones sin conocer los hechos y las pruebas del caso.
También plantea determinar qué sabían los adultos cercanos al niño y qué hicieron frente a cualquier señal de peligro.
En el caso de la madre, por ejemplo, considera relevante conocer si tenía conocimiento de un supuesto maltrato y si tomó alguna medida para proteger a su hijo.
“Ese es mi hijo y hago lo que quiero”
La abogada también cuestionó una idea que, según explicó, todavía persiste en algunos sectores: que un padre puede corregir a su hijo de cualquier manera porque se trata de su propio niño.
La patria potestad permite a los padres educar y corregir, pero no los autoriza a maltratar.
Las agresiones físicas o psicológicas contra un menor pueden constituir delitos, incluso cuando quien las comete sea uno de sus progenitores.
¿Quién debió protegerlo?
Yard también mencionó el supuesto conocimiento que habría tenido un juez de paz de Pedasí sobre la situación de los menores.
En este punto fue cautelosa: sin revisar el expediente no puede afirmar que existió una omisión de funciones.
Pero considera que, si un funcionario recibió información sobre un menor en riesgo y no actuó conforme a sus responsabilidades, esa actuación no puede pasar inadvertida.
La misma pregunta aplica a los demás adultos que pudieron haber conocido la situación.
Un niño de 10 años que no llegó a ser protegido
Para Yard, el caso obliga a revisar toda la cadena de acontecimientos que precedió a la muerte del menor: las denuncias, las señales de alerta, las decisiones sobre su entorno y la respuesta de las instituciones.
“Si la familia falla, el Estado a través de sus instituciones no puede fallar”, afirmó.
Ahora corresponde esclarecer qué ocurrió realmente y determinar si hubo oportunidades para proteger al niño que no fueron aprovechadas.
Porque detrás del expediente y de las posibles responsabilidades hay una realidad imposible de ignorar: un niño de 10 años murió y las preguntas sobre lo que vivió antes de su muerte siguen abiertas.
¿Por qué no estaban en un lugar seguro?
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Yard tiene que ver con el entorno en el que permanecía el niño y sus hermanos, todos menores de edad.
Según la información que ha recibido de familiares, existían antecedentes y denuncias relacionadas con la situación de los niños. Por ello, considera que una de las primeras medidas debió ser colocar a los menores en un entorno seguro, mientras se investigaban las denuncias.
“La lucha ya no es quién se va a quedar con los niños; la lucha es cuál es el lugar más seguro para esos menores”, sostuvo.
También debe revisarse la custodia
Yard cuestionó además las circunstancias en que fue otorgada la custodia de los menores a la abuela materna, aunque aclaró que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación y que esa situación debe ser esclarecida con documentos y actuaciones oficiales.
La especialista considera necesario determinar qué evaluaciones se realizaron sobre el entorno familiar y cuáles fueron los criterios utilizados para decidir dónde permanecerían los niños.
También planteó que, si se confirma que existían familiares en condiciones adecuadas para recibirlos, esa posibilidad debió ser evaluada tomando como prioridad el interés superior del menor.
¿Puede haber responsabilidad penal?
Sobre las personas que supuestamente conocían la situación y no denunciaron, Yard explicó que la posible responsabilidad dependerá de lo que establezca la investigación.
También señaló que, si se comprueba que una persona tenía conocimiento de hechos delictivos y omitió denunciarlos, el Ministerio Público deberá determinar si esa conducta tiene alguna consecuencia penal.
En cuanto a la madre del niño, quien también sería investigada, la abogada señaló que habría que establecer qué sabía, qué hizo y qué acciones tomó frente al supuesto maltrato.
Yard insistió en que todavía deben conocerse los hechos jurídicamente relevantes y la línea de investigación que seguirá el Ministerio Público.
“El Estado no puede fallar”
Para la especialista, la protección de los niños no puede recaer únicamente en la familia.
“La familia es el primer núcleo de protección, pero si la familia falla, el Estado a través de sus instituciones no puede fallar”, afirmó.
También consideró necesario capacitar a funcionarios, docentes y autoridades locales sobre las normas de protección de la niñez, para que sepan cómo actuar ante señales de maltrato.
La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió con el menor, qué denuncias o alertas existían y si alguna institución o persona incurrió en una omisión que deba ser investigada.
Si hay maltrato, hay que denunciar
Yard recordó también que cualquier persona que tenga conocimiento de un posible caso de maltrato contra un menor debe acudir a las autoridades.
Explicó que la denuncia puede presentarse ante el Ministerio Público y que, si la agresión está ocurriendo en ese momento, también se puede solicitar la intervención de la Policía Nacional.
La abogada aclaró que quien denuncia no tiene que demostrar por sí mismo el delito. Esa tarea corresponde a los investigadores, quienes deben recopilar los elementos necesarios para determinar si existió una conducta delictiva.
¿Con quién deben estar los hermanos del niño de Pedasí?
Tras la muerte del menor también queda abierta la pregunra: ¿cuál es el entorno familiar más seguro para sus hermanos?
Yard considera que la respuesta debe partir del interés superior de los menores y no de los intereses o conflictos entre los adultos de la familia.
Sostiene que, si existen señalamientos previos de presunto maltrato y antecedentes relacionados con la custodia, las autoridades deben evaluar nuevamente dónde estarán mejor protegidos los niños y qué ambiente garantiza su seguridad física y emocional.
La familia debe ser evaluada
Según explicó, antes debe determinarse si existe algún familiar que pueda ofrecer un ambiente seguro, siempre después de una evaluación de las condiciones del hogar, la relación con los niños y las garantías para su bienestar.
En este caso, Yard cuestiona que se determine automáticamente que los hermanos deben permanecer con un determinado núcleo familiar sin analizar otras posibilidades.
¿Cuál hogar ofrece mayor protección?
Uno de los puntos que, a su juicio, debe investigarse es la situación de los familiares que han tenido o podrían tener la custodia de los menores.
Mencionó información que maneja sobre la abuela paterna, incluyendo referencias a que los niños habrían estudiado en Colón y obtenido buenos resultados mientras estaban bajo ese entorno. Sin embargo, aclaró que no ha tenido acceso al expediente del caso y que esos elementos deben ser comprobados por las autoridades.
Por eso, considera necesario comparar las condiciones de ambos entornos familiares antes de tomar una decisión sobre el futuro de los hermanos.
Para Yard, la discusión no debe centrarse en qué adulto tiene más derechos sobre los menores, sino en qué opción les garantiza mayor estabilidad, protección y bienestar.
En el caso de los hermanos del niño fallecido, la prioridad ahora, sostiene la abogada, debe ser evitar que permanezcan en un ambiente que pueda representar un riesgo y garantizarles un espacio seguro mientras se esclarecen los hechos.