Empresarios denuncian extorsión de $3 millones y presiones judiciales
Una denuncia por el presunto delito contra la libertad individual en la modalidad de extorsión ha encendido las alarmas con respecto al posible retorno de "La Taquilla", la red de corrupción y chantaje integrada por abogados particulares y funcionarios que cobraba en la era Varela altas sumas de dinero a cambio de otorgar de manera fraudulenta beneficios judiciales, tales como medidas cautelares, libertades condicionales o agilización de trámites.
Las primeras víctimas de la renovada "Taquilla" son Giuseppe Cicatelli y Sandro Salsano. Con respecto a Cicatelli, el 10 de septiembre de 2026 el empresario e inversionista acudió a la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada para interponer una denuncia formal contra el abogado español Julián Martínez, a quien acusa de presuntamente encabezar una serie de presiones y exigencias económicas desmedidas en complicidad con un grupo de trabajo legal y político, en el que figuran exfuncionarios de alto perfil.
Según el testimonio presentado ante el Ministerio Público, la extorsión busca forzar el pago de $1.5 millones de dólares (a cada empresario, totalizando 3 millones de dólares) para cerrar el proceso por supuesta estafa contra Cicatelli y Salsano tramitado en la Sección Tercera contra el Patrimonio Económico, cuya cuantía original en disputa es menor.
La coerción, que supera 10 veces el dinero establecido en el proceso en mención, que es por 300 mil dólares, se habría dado pese a que Cicatelli tenía toda la voluntad de llegar a un acuerdo mercantil y comercial con el supuesto afectado como muestra de su franca trayectoria empresarial.
La denuncia detalla que, estando reunido con sus abogados, Cicatelli recibió esa llamada en la que el jurista Franklin Amaya Jovane supuestamente solicitó el cuantioso pago a cambio de cerrar el proceso penal que enfrenta, junto a Salsano. Dicha solicitud fue descartada de inmediato.
"En el proceso penal (que enfrentan actualmente Cicatelli y Salsano), Amaya es abogado del grupo al que pertenecen Julián Martínez, Luis Ernesto Carles Rudy (abogados de la contraparte), Ruprecht Thomas Dully y los españoles Ignacio Vidales y Carlos Vidales”, destaca la denuncia.
El denunciante aportó capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp donde Martínez presuntamente lo amenaza con publicar informaciones perjudiciales en medios internacionales de prestigio, con el fin de lesionar su reputación fuera de fronteras. Curiosamente, horas después del contacto, la información sobre el proceso contra Cicatelli y Salsano circuló en medios panameños.
"Buenas noches, Giuseppe estos son los últimos acontecimientos, me dicen que mañana tu parte ya cuesta 1.7 y que en inglés también tienen algo con algo que empieza con F y termina en S y tiene una R y una B entre medias (en alusión a Forbes, la famosa revista estadounidense especializa da en el mundo de los negocios, las finanzas y el liderazgo)", reseña el mensaje recibido por el empresario.
En la denuncia se deja constancia que las amenazas contra Cicatelli iniciaron en junio de 2026 con motivo de un proceso penal existente desde el año 2015 que ya había prescrito a su favor, pero fue reabierto. Según el relato, Martínez aseguró tener "todo atado con el Ministerio Público y el Órgano Judicial" gracias a los contactos de fichas de peso, entre ellos el exministro del Gobierno de Varela.
Trascendió que Cicatelli desde julio de 2025, tratándose originalmente de una disputa societaria, había solicitado mediación debido a que tenía toda la disposición de llegar a un acuerdo mercantil, pero la parte querellante no lo aceptó. Por otro lado, el proceso contra Cicatelli también presenta irregularidades, toda vez que el empresario tiene un documento de prescripción. No obstante, el tribunal indicó que el debate sobre esta prescripción debe hacerse en audiencia intermedia.
El patrón de "La Taquilla"
El modus operandi expuesto en esta denuncia guarda coincidencias con el esquema utilizado por la red conocida como "La Taquilla". Este grupo no solo instrumentalizaba investigaciones penales y reactivaba expedientes muertos, sino que utilizaba el amedrentamiento mediático y la privación de libertad como herramienta de coacción para obtener altas sumas de dinero. El denunciante puso a disposición de la Fiscalía su teléfono celular para las diligencias periciales correspondientes.