Extinción de Dominio en 2do. debate

La Comisión de Gobierno aprobó ayer en primer debate el proyecto de Ley No. 625 de Extinción de Dominio, el cual fue presentado hace dos años -en abril de 2021- por el ministro de seguridad Juan Pino, en abril del 2021.

El diputado Leandro Ávila anunció al pleno de la Asamblea Nacional la decisión de la Comisión y el presidente del legislativo Crispiano Adames -faltando apenas cuatro días para cerrar el periodo de sesiones- alegó que hay suficiente tiempo para aprobar el citado proyecto.

Ávila reconoció que el proyecto no tiene 100% de consenso y en apenas 40 artículos se lograron acuerdos y restan más de 50.

Una mesa técnica designada por la Comisión de Gobierno analizó el proyecto de que desde su artículo 1 revela lo amplio de su aplicación, ya que será de "carácter administrativo, civil, judicial, real y sancionatorio, pero autónomo a cualquier otra jurisdicción".

Sin embargo, ahora hay una propuesta para que sea una instancia del Ministerio Público.

El proyecto establece que la extinción de dominio procederá contra cualquier derecho real, principal o accesorio con independencia de la persona que lo tenga en su poder y los haya adquirido, que incluye bienes, instrumentos, recursos, productos, activos o valores" relacionados con delitos relacionados con drogas, precursores y sustancias químicas; terrorismo y el financiamiento del terrorismo; tráfico ilegal de personas; tráfico de armas internacionales; tráfico ilícito de migrantes; explotación sexual, comercial y pornografía con personas menores de edad; secuestro y extorsión; sicariato; tráfico de órganos; pandillerimo y blanqueo de capitales cuando derive de algunos de los delitos anteriores.

Se propone crear una jurisdicción especial, presidida por una fiscalía especializada en extinción de dominio y un tribunal especializado que tendrá sus magistrados.

Habrá una nueva burocracia integrada por tres magistrados del Tribunal Especializado de Extinción de Dominio y por siete jueces de control patrimonial. Además se designará un fiscal de extinción de dominio por un periodo de 10 años y también existirán 7 fiscales adjuntos.

La acción de extinción de dominio procederá siempre que no hayan transcurrido más de 20 años en la adquisición de los bienes, salvo en casos de terrorismo y su financiamiento, los cuales no tienen términos de vencimiento.

Las investigaciones tendrán un plazo de seis meses. Si hay absolución los bienes serán devueltos o la suma equivalente de acuerdo al valor que tenían en el momento de ser aprehendidos en caso de haber sido vendidos o subastados.

Habrá nulidad cuando se viole el debido proceso, iniciar la acción de extinción estando prescrita, ausencia de notificación al afectado o a su representante legal y por ausencia de notificación de la fecha de juicio oral o la fecha para el control para la medida cautelar aplicada.

El secretario general del Ministerio de Seguridad (Minseg), Jonathan Riggs, señaló que pese a las modificaciones, se mantiene la esencia de la persecución a grupos criminales, para debilitar su músculo financiero.

Con apenas tres días hábiles para cerrar sesiones, el diputado Crispiano Adames dijo que hay suficiente tiempo para aprobar el proyecto que coadyuve a asfixiar el potencial económico del crimen organizado.

“Es una norma bien consensuada en atención a lo que realmente necesita Panamá en materia de extinción de dominio de bienes ilícitos”, explicó el presidente del Legislativo.

Sobre el tema de la inclusión de los delitos de corrupción, Adames indicó que ya se conversó con expertos en investigaciones criminales en esta materia a nivel nacional e internacional, por lo que en el segundo debate se podría revisar algunos numerales de la Ley 15 para analizar alguna propuesta en esta dirección.

En cuanto a la competencia, el presidente de la Asamblea indicó que habrá una revisión para trasladarla al Ministerio Público, toda vez que la jurisdicción administrativa pareciera no viable.

“Ya en segundo debate, el proyecto es de los 71 diputados y es allí donde se va a demostrar quiénes tenemos realmente el interés de tener una norma para apretarle o asfixiarle el potencial económico al crimen organizado que frustra y vulnera a las futuras generaciones de este país”, alegó Adames.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila dijo que hay gente cuestionando, pero no se tomaron ni un minuto para asistir a las sesiones.

Hemos tenido el cuidado de elaborar un proyecto en el que los panameños que han trabajado duro y comprado bienes de manera lícita, no lo pierdan en base a una llamada anónima o un reporte anónimo, expresó Ávila.

Además explicó que el proyecto incluía casi todos los delitos y a la Asamblea no le parecía que era congruente con la intención de quitarle el músculo financiero a los organizaciones criminales, por lo que se optó por establecer un catálogo de delitos.

Ávila dijo que se equivocaron los que pensaban que la Asamblea no iba a debatir el proyecto...esos sectores poderosos que quieren que se legisle a su antojo y que ahora hasta por respirar te tildan de corrupto.