Fiscal del caso Diablos Rojos podría enfrentar denuncia por peculado
El Juzgado Primero Liquidador de Panamá determinó el llamamiento a juicio de 198 personas de las 543 señaladas en el caso de la compensación de los buses "Diablos Rojos", con amplios cuestionamientos por parte de los abogados defensores tras considerar que los argumentos presentados por la fiscal Kira Tascón carecen de fundamentos y veracidad.
La actuación de la Fiscalía IV Anticorrupción, liderada por Tascón, sólo en el caso de los "Diablos Rojos" le ha costado a Panamá más de $40 millonesen los más de 10 años que ha mantenido abierto este proceso, reveló un perito que pidió reserva de la fuente, quien además adujo que ésta, podría ser demanda por peculado de uso al enfrentar un proceso abierto para mantener sus remuneraciones mensuales en detrimento de más de 12 mil personas entre acusados y sus familias.
El cálculo realizado por el perito menciona el costo que ha tenido fabricar (ejecutar) este caso por el pago de salarios al personal de la Fiscalía IV (más de 30 mil balboas mensuales, durante 13 años), el costo de realizar dos auditorías (20 auditores) por parte de la Contraloría, movilización del equipo de la fiscalía, los juzgados, los defensores de oficio asignados, la Policía para cuidar la citada audiencia preliminar, la cual duró más de 50 días en la Arena Roberto Durán.
En la audiencia preliminar, fueron expuestos por parte de la defensa las incoherencias de la Fiscal Tascón y solicitaron el cierre de la causa tras considerar que son actos administrativos, que los transportistas concretaron los requerimientos para ser compensados, que el delito es inexistente, que a un particular no se le puede endilgar un delito de peculado, ya que no es un funcionario. Al no ser funcionarios no pueden cometer peculado propio o impropio, están frente a una ausencia de tipicidad en la conducta que se les atribuye.
Fue solicitada la nulidad por cosa juzgada al existir otra investigación; se hicieron dos informes de auditoría de la Contraloría sobre los mismos hechos, las mismas personas y el mismo objeto, concurre en el fenómeno jurídico de doble investigación, en donde debe tomarse en cuenta la primera auditoría del 2014 (que es final y definitiva), en donde se determinó que no hubo lesión en la compensación y rescate y no la del 2018 la cual no es final ni definitiva y la misma se encuentra incompleta.
De igual forma, el Tribunal de Cuentas efectuó una investigación y en su informe en el año 2016 ordenó el cierre y archivo del proceso al considerar que no había lesión patrimonial.
La defensa señaló que los auditores no son abogados, son contadores públicos autorizados que no tienen la mínima formación jurídica para analizar las normas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. La ATTT era la máxima autoridad para la cancelación de los certificados de operación. Tal como lo estableció el 5 de abril de 2017 la Corte Suprema en la sentencia de Econofinanzas.
Los abogados defensores advirtieron además la prescripción de la acción penal, sostuvieron que la acción que se les imputa a sus prohijados se consumó al momento que se recibió la compensación, cuya cuantía no supera los $100 mil y que la agencia de instrucción pretendía alterar los cargos agravando el tipo endilgado.
La Jueza primera liquidadora Agueda Rentería Sánchez fijó la audiencia ordinaria en este caso "Diablos Rojos" del 1 al 29 de septiembre de 2023, y como fecha alterna del 9 de octubre al 7 de diciembre de 2023.
Fue decretada la prescripción de la acción penal a 337 personas, negaron incidentes de nulidad presentados y sobresee definitivamente de los cargos por delito contra el patrimonio económico a 6 personas, sobresee provisionalmente a 4 y abre causa criminal contra la administración pública contra 198 personas, eleva el sobreseimiento provisional a definitivo a 19 personas, niega medidas cautelares a 2, niega levantamiento de fianza de excarcelación
Mientras tanto, indica el perito, ¿cuánto más le costará al Estado esta trama?, considerando que continúa el pago de los salarios a la fiscal Kira Tascón y a todos los funcionarios por casi un año más, para al final determinar que no hay lesión patrimonial tal y como se ha dado con otros casos, como el de la Caja de Ahorros.
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