Fiscal reconoce que hubo doble juzgamiento en caso Odebrecht

La Fiscal Ruth Morcillo y el querellante contratado por el Estado, Campo Elías Muñoz Arango, reconocieron ayer el doble juzgamiento a una de las imputadas por lavado de dinero en el caso Odebrecht, tal como lo advirtió en sus alegatos el abogado defensor y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Jerónimo Mejía.

Mejía advirtió el viernes ante la jueza Baloisa Marquínez que su cliente: la contable uruguaya Maya Cikurel Spiller, ya había sido sobreseída por la justicia de Suiza y Uruguay, por los mismos hechos por lo que ha sido investigada en Panamá.

El defensor le recordó a la jueza tercera liquidadora que el artículo 1945 del Código Judicial establece que "nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se afirmen nuevas circunstancias".

Ayer Ruth Morcillo al emitir opinión sobre las incidencias que fueron presentadas durante los alegatos por los abogados defensores, reconoció que a Maya Cikurel en vista 92 del Juzgado de Uruguay se le desestiman los cargos y archivan el proceso el 26 de marzo de 2020.

Corresponde en este caso admitir en efecto que en cuanto a Maya Cikurel se cumple el mismo hecho, mismo delito y misma identidad, por lo que enjuiciarla en Panamá, vulneraría la garantía constitucional de doble juzgamiento, expresó la fiscal Morcillo.

El querellante sustituto Campo Elías Muñoz Arango también dijo está claro y evidente lo del doble juzgamiento y eso consta con el fallo que figura en el expediente.

Pero tal como ha sido una constante en todo lo que se refiera a los Martinelli, la Fiscal Morcillo -al inicio de la audiencia prelimina-r sostuvo que en el caso de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que enfrentaron un proceso por el caso Odebrecht en Nueva York, no se aplica el doble juzgamiento.

Morcillo y Muñoz también coincidieron en modificar las medidas cautelares aplicadas a José Porta,alegando que ya no existe riesgo procesal y el imputado ha estado presente durante los 13 días de la audiencia.

La abogada Gladys Quintero manifestó que el Ministerio Público no ha quedado bien parado en esta audiencia y cuestionó que a su cliente se le mantuviera por más de 5 años con una medida de impedimento de salida del país, lo que ha afectado sus negocios personales en el extranjero.

La jueza Baloisa Marquinez tuvo que llamarle la atención a la Fiscal Morcillo, por tratar de alegar en medio de la etapa que debía responder sobre las incidencias que fueron presentadas por la defensa.

Pareciera que los vinculados han sido llamados a juicio porque así se le antojó a una Fiscalía atracadora de derechos constitucionales, en vez de las pruebas que hemos presentado, expresó Ruth Morcillo, generado protesta de los abogados defensores y el llamado de atención de la jueza.

Además opinó que el Principio de Especialidad no ampara al exmandatario Ricardo Martinelli y rechazó que se aduzca nulidad por haber sido investigados tanto Martinelli (siendo diputado del Parlacen) y Juan Carlos Varela, como presidente, por un reporte de la mayor Damaris Rodríguez, alegando que la mera mención de éstos en un informe, no implica que se deba elevar a otras esferas judiciales como erróneamente alegaban los defensores.

Respecto al alegato de la defensa de Varela de que como miembro del Parlacen, el expresidente debió ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, la fiscal Morcillo sostuvo que debió juramentarse y ese argumeno carece de sustento, pero omitió que existen pronunciamientos del 9 de agosto del 2019 del Tribunal Superior de Justicia que ratifica una decisión de un Juzgado de Garantías, de que el diputado y secretario g enerald el PRD, Ruben De León -a pesar de no haber tomado posesión en el Parlacen- lo debía investigar y enjuiciar la Corte Suprema de Justicia, de lo contrario se incurría en violación al debido proceso.

En tanto, Dinoska Montalvo, en representación de Frank De Lima, llamó la atención de que la mayoría de los contratos a Odebrecht fueron asignados en el periodo en que éste no era Ministro de Economía y Finanzas, pero solo se le llama a su cliente y no se menciona en nada a Alberto Vallarino. En base a la teoría de la Fiscalía, tenían que estar los dos y no podemos sacar con pinzas a un ministro y a otro no, añadió.

Para Montalvo con proyectos por $9,487.1 millones aplicarle una multa de $220 millones a Odebrecht pagaderos en 12 años, en todo caso ese tipo de acuerdo sería la lesión patrimonial más grande que ha existido.

La defensora fustigó a los colaboradores Olmedo Méndez y Jorge Luis Saiz, a quienes la Fiscalía presenta como testaferros de Frank De Lima, pero resulta que éstos se quedaron con todo el dinero que supuestamente eran para el exministro. Ellos declararon contra Frank De Lima para salvarse de su situación jurídica y para obtener medidas cautelares, luego de permanecer detenidos, agregó Dinoska Montalvo.

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, defensor del exdiputado José Alberto Rosas reveló que André Rabello le llegó recomendado como cliente en el 2004 por el Banco del Brasil y que desde entonces la firma Rosas y Rosas le prestó servicios.

Rodríguez calificó de mala investigación la realizada por la Fiscalía, que luego cuando pierden los casos culpan a los tribunales.